Castells elabora un decreto que liquida a las universidades online

En la práctica, fuentes universitarias critican que el decreto va contra las universidades privadas y las online, que no han dejado de crecer y a las que ahora se les exigirá más en términos de transferencia de conocimiento e investigación. En este último aspecto es donde más golpeadas quedarían las online porque solo investigan un grupo selecto de ellas, entre las que se encuentra la Universidad Oberta de Cataluña (UOC), la universidad de Castells, critican las mismas fuentes. La UOC cuenta con una importante financiación de la Generalitat. En 2020 ha recibido 14.533.609 euros .

En España hay actualmente 50 universidades públicas y 36 privadas. Las online son solo privadas, salvo la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Pingarrón ha defendido que este real decreto «no va contra nadie; no puede ser que haya universidades que no llegan ni a academia. Que sean otra cosa como en USA con los "colleges". Si quieres ser universidad hay que investigar e invertir más». Con los «colleges» alude a centros que solo imparten docencia pero no investigan ni transfieren conocimiento.

Si una universidad perdiera la autorización para ejercer como tal (tendrán tanto la universidad como un centro perteneciente a ella un plazo de cinco años para subsanar aquello que no cumpla), no se verán perjudicados los títulos ya expedidos, es decir, no perderían validez. Cualquier título oficial tendrá plena validez en todo el territorio aunque la universidad dejara de tener autorización , señalan fuentes universitarias.

La Conferencia de Rectores, que incluye universidades públicas pero también privadas, ha sido consultada para la elaboración de este decreto: «No lo vemos nada mal, algún ajuste. Las universidades de CRUE entran todas o casi todas. Las que están rozando entran con poco que hagan. Pero tenemos que verlo despacio», dijo a ABC el presidente de CRUE, José Carlos Gómez Villamandos . La Católica de Ávila, por ejemplo, que es muy pequeña lo tiene más complicado.

Los que no han sido consultados son los miembros del Foro Pardo Bazán que reúne a las universidades privadas, muchas de las cuales no están en CRUE. Fuentes universitarias han dicho que «hemos hablado con todos los actores, también se ha hablado con las privadas, pero más allá de esto, el miércoles por la tarde se reunió al Consejo de Universidades donde están todas las instituciones públicas y privadas ». Añadieron que además tendrán un mes para presentar alegaciones al borrador.

De acuerdo con el borrador, las universidades deberán ahora presentar una memoria para demostrar que actúan como tales y, además, se establece como requisito para la consideración de «universidad», el que una universidad cuente con una oferta de enseñanzas conducentes, como mínimo, a la obtención de diez títulos oficiales de grado, de seis títulos oficiales de máster y tres programas oficiales de doctorado .

«De igual forma, con esta oferta deberán estar representadas como mínimo tres de las cinco grandes ramas del conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura)», señala el borrador. En este sentido, cabe recordar que las universidades online están sobre todo especializadas en las Ciencias Sociales y Humanidades . Ahora tendrían que ofrecer disciplinas para las que se exija la instalación de laboratorios como el caso de Ciencias de la Salud.

Las universidades de nueva creación y las online, deberán para cada título oficial especificar: si se articulará docentemente de forma sincrónica o asincrónica, o conjugando las dos modalidades; qué plataforma tecnológica será utilizada ; qué tipo de equipamientos e instalaciones tecnológicas se dispondrán; qué equipamientos informáticos deberá disponer el estudiantado para el desarrollo de su actividad ; los sistemas de evaluación generales del aprendizaje y progreso del estudiantado; los sistemas de prácticas académicas externas y si serán no presenciales o presenciales; y qué programación se desplegará desde el inicio y en los años sucesivos de formación del profesorado en habilidades técnicas y metodologías docentes no presenciales.

También se exige en términos de investigación : La documentación o memoria de creación de la universidad pública o de reconocimiento de la universidad privada deberá incluirse una programación plurianual de la actividad investigadora.

Dicha programación, señala el borrador, deberá incluir los grupos de investigación que inicialmente se constituirán, la dotación de equipamientos e infraestructuras científico-técnicas disponibles, la participación en proyectos de investigación competitivos (regionales, nacionales e internacionales) y los mecanismos para incentivarla en el personal docente e investigador, los recursos presupuestarios propios destinados al fomento de la investigación, las medidas que se pretenden poner en marcha para la captación de talento, las estrategias de colaboración con los sectores productivos e institucionales mediante la transferencia de conocimiento y la innovación, y, por último, detallar el sistema de indicadores que la universidad desarrollará para el seguimiento de las actividades investigadoras.

También hay exigencias para el personal docente e investigador (PDI). Con objetivo de asegurar la experiencia en investigación del personal docente y de investigación, al finalizar el quinto año desde el momento de la obtención de la autorización, la universidad tendrá que adjuntar a la memoria la relación del personal docente e investigador que haya obtenido una evaluación positiva de su actividad investigadora por la ANECA o por las agencias de calidad de las comunidades. En este sentido, el 60 por ciento deberá haber alcanzado una evaluación positiva .

También se pedirá la relación de los principales indicadores de la producción investigadora desarrollada por el personal docente e investigador. Se exigirá una cifra mínima de seis publicaciones por cada tres equivalentes a personal docente e investigador a tiempo completo acumuladas durante los últimos tres años.

También se pide una participación demostrada por parte del personal docente e investigador de la universidad en la solicitud de proyectos de investigación competitivos de ámbito regional, nacional e internacional, o en actividades de investigación colaborativa con empresas, que deberá ser coherente con las líneas de investigación fundamentales de los programas de doctorado con que cuente la universidad . «Concretamente, se considerará como mínimo el haber presentado anualmente cinco propuestas de proyectos de investigación en programas nacionales e internacionales, una de las cuáles como mínimo deberá tener este último carácter. Transcurridos cinco años desde el inicio de actividades, se deberá demostrar la concesión de al menos cinco proyectos de investigación de ámbito nacional o internacional», señala el borrador.

En este sentido, las universidades deberán dedicar al menos un 5% de su presupuesto a un programa o programas propio de incentivación de la investigación . En este porcentaje no se podrán incluir los costes derivados de la remuneración de los salarios de la plantilla de personal docente e investigador ni del personal de administración y servicios.