Castells «catalaniza» y «sindicaliza» la universidad y favorece su endogamia
Ganan fuerza las comunidades y sus entidades de acreditación
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Iniciar sesiónEl ministro de Universidades, Manuel Castells , ha comparecido en escasas ocasiones para dar cuenta de los planes que tiene para los campus españoles (dos en el Congreso y una en el Senado este año). La primera vez que lo hizo desde que asumió el ... cargo fue el pasado mes de abril, en plena pandemia de coronavirus cuando tocaba hablar de las condiciones de vuelta a las aulas. Ahora, el borrador para consulta del Estatuto del personal docente e investigador (PDI) al que ha accedido ABC, deja claro los objetivos del ministro, conocido (de acuerdo con sus propias declaraciones) por su simpatía hacia el secesionismo .
El texto deja claras las intenciones del ministro de «catalanizar» los campus, cediendo poder del Estado a las comunidades y a las propias universidades, además de laboralizarlas. ¿Qué significa esto? Que se abre la vía laboral (existente solo en Cataluña) al margen de la funcionarial, para acceder a la universidad . Por ejemplo: crea las figuras de catedrático y titular contratado que no tendrán que obtener su acreditación a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), sino que bastará con cualquier agencia regional.
Cataluña es la única que ha usado esta vía hasta ahora aprovechando que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no recurrió la normativa universitaria de la Generalitat, impuesta por el entonces responsable de Economía de la comunidad autónoma, Andreu Mas-Collel. El barcelonés fue quien eliminó la convocatoria de plazas de los cuerpos estatales para poder poner a profesores afines bajo el mandato de Artur Mas . «En Cataluña ya existen los catedráticos y titulares laborales, en el resto del país son funcionarios y estos pertenecen a un cuerpo estatal. Esto va a favorecer la endogamia en la universidad, además de que desaparecen los criterios mínimos de calidad comunes a todas las universidades», advierte Silvia Valmaña , profesora titular de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Además, se incrementa el poder de los sindicatos, ahora también con voz y voto en la selección de catedráticos y titulares contratados. Y aunque les cambie el nombre (profesor profesional asociado) no modifica la situación precaria de estos docentes. «En el borrador no aparece nada de las famosas pasarelas para acabar con la precariedad del profesorado asociado. El texto no contiene nada especial ni condiciones ventajosas para que parte de los 33.900 profesores asociados (34% de la plantilla) puedan pasar a la carrera académica», lamenta Ramón Caballero , vicepresidente del sector nacional de Educación y responsable de Universidades del sindicato CSIF, que admite, además, que «el modelo catalán tampoco gusta entre el profesorado».
Figuras creadas «ad hoc»
El texto, por el que se modificaría la Ley Orgánica de Universidades de 2001 en lo relativo al PDI es muy distinto al que hace un año se conoció cuando el ministro de Universidades era Pedro Duque , aunque el secretario general sigue siendo el mismo (José Manuel Pingarrón). Fuentes universitarias dudan de que haya sido él el redactor del documento y apuntan a personas cercanas a Castells, por lo que no descartan que se haya ignorado al equipo de la Secretaría General. El borrador establece seis modalidades de contratación laboral : profesor profesional asociado, profesor extraordinario, profesor sustituto temporal, profesor doctor, profesor titular contratado de universidad y profesor catedrático contratado de universidad. Valmaña denuncia que «se presentan figuras que parecen creadas “ad hoc” para aquellos que se han dedicado a otros ámbitos como la política y que no están acreditados. Ahora bastará con ser doctor para que la universidad te contrate como ser profesor doctor».
Por otro lado, desaparecen las figuras de profesor ayudante doctor y contratado doctor, quedando ambas como cuerpos laborales a extinguir, sin establecer equivalencias.
Profesores eméritos
«Esto les generará una insufrible incertidumbre, al igual que los profesores eméritos, cuya situación tampoco se resuelve ya que la decisión sobre acceso a esta figura queda en manos de las universidades. Como hemos visto con el caso del profesor amenazado por ETA, Francisco Llera , esto puede generar visiones distorsionadas vinculadas a causas políticas», advierte Jorge Sainz , catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y ex secretario general de Universidades. Además el nuevo texto permite que las universidades creen plazas de promoción interna, por lo que se elimina el principio de mérito y capacidad contemplado en la Constitución para el acceso a la función pública.
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