Cáritas Española denuncia la vulneración de los Derechos Humanos de las comunidades amazónicas

Las comunidades indígenas y campesinas de la Amazonia son cada vez más conscientes de la vulneración de sus derechos a manos de los propios Estados que abren paso a la industria extractiva. Así lo refleja el «Informe regional de Vulneración de los Derechos Humanos en la Amazonia», realizado por la Repam (Red Eclesial Panamazónica) con el apoyo de Cáritas Española y presentado este jueves en su sede de Madrid.

El documento realizado junto a los propios pueblos amazónicos recoge trece casos concretos de vulneración de derechos fundamentales de estas comunidades indígenas que se extienden por más de los nueve países que forman la Panamazonia (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Surinam, Guyana, Guyana Francesa y Bolivia).

El denominador común de todas estas historias tienen que ver con megaproyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros, madereros o agroindustriales que los Estados llevan adelante sin realizar la correspondiente consulta previa a los pueblos indígenas afectados o que violan su identidad, su soberanía o incluso su derecho de acceso al agua o a la autonomía alimentaria.

«El objetivo del informe era incluir las voces de las personas que están descartadas por el mundo y por su propia sociedad . Los impactos de las políticas de colonización, ocupación territorial y extracción de recursos en la Amazonia han sido enormes en las poblaciones ancestrales, cuyos proyectos han provocado que sean desplazadas, aniquiladas o sometidas a servidumbre», aseguró Sonia Olea, colaboradora en la elaboración del informe y miembro de Cáritas Española.

Es el caso de las comunidades indígenas de la Vereda de Chaparrito en Colombia con un proyecto agroindustrial que les expulsa de sus tierras y pone en peligro su seguridad alimentaria. «Queremos tener los títulos de nuestras tierras , un señor adinerado que es productor de palma de aceite nos quiere quitar nuestras tierras, sacarnos, no dejarnos trabajar ni sembrar nuestros cultivos. Los campesinos tenemos derecho a trabajar dignamente para sacar adelante a nuestros hijos», recoge el informe.

Una situación similar viven los pueblos indígenas awajún y wampís en la Amazonía peruana. Los proyectos mineros, hidroeléctricos y petroleros en la Cordillera del Cóndor violan el derecho a la consulta previa y a la libre determinación de esas comunidades. «Se encuentra en riesgo el territorio ancestral del pueblo Awajún y Wampis que el propio Gobierno lo ha reconocido. Nuestra casa, nuestro hábitat se encuentra en peligro porque nuestra dificultad para el desarrollo cultural, educativo, de la salud se encuentra prácticamente amenazados por estas empresas trasnacionales donde no respetan a los pueblos indígenas que vivimos ancestralmente en esta parte», recoge el documento.

«Cuando las comunidades indígenas no tienen derecho a participar en las políticas públicas o se las considera una traba para el desarrollo nos damos cuenta de hay un grave problema y es que la economía no pone en el centro a las personas», denunció Lily Calderón, abogada de la Pasrotal de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas en el momento de elaboración de este informe. La activista también urgió a «detener políticas que lo único que hacen es desgraciar a las comunidades que viven allí».

Ante la grave vulneración de derechos, el documento propone una serie de medidas para garantizar la protección de estos pueblos autóctonos y del medio ambiente . Entre ellas figuran la de garantizar el acceso a la tierra para las comunidades campesinas y la provisión por parte del Estado de servicios públicos como la salud, la educación y la infraestructura. También defiende el replanteamiento del concepto de «interés nacional» por el de «interés común o público» respecto de las actividades petroleras o extractivas y el desarrollo de políticas que incentiven las buenas prácticas en la producción agropecuaria tradicional.

Además pide que se otorgue personería jurídica a las comunidades campesinas y ribereñas , que se realicen pruebas de detección de metales pesados en el agua y que se fortalecezca la capacidad de respuesta del sector de la salud para mitigar los riesgos generados por los derrames de petróleo y otras contaminaciones del agua.

Otras de las propuestas son que se fortalezcan los programas de suministro de agua segura además del reconocimiento de los impactos causados y la aplicación de medidas de compensación y reparación a las familias afectadas por la contaminación.

El documento ha sido enviado ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y al Alto Comisionado de la ONU. Además de dar voz a las personas que ven vulnerados sus derechos pretende ser "una herramienta de incidencia política", aseguró este jueves la abogada Sonia Olea.