Cantabria y País Vasco se desentienden de las normas del Gobierno contra las «vacas locas»

Cantabria podría convertirse en la cuarta Comunidad con casos de «vacas locas», tras la detección de una res sospechosa importada hace dos meses y medio de Francia. Esta Comunidad decidió ayer autorizar enterramientos de vacas muertas en explotaciones, aún prohibidos por un Decreto del Gobierno. El País Vasco, por su parte, aprobó un certificado veterinario que elude el aprobado por el Ejecutivo nacional.

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MADRID. ABC

El Servicio de Sanidad Animal del Gobierno de Cantabria ha inmovilizado la explotación lechera a la que pertenecía la res sospechosa, una novilla francesa que falleció el pasado día 9 a causa de un parto. La Consejería de Ganadería recogió el cadáver de la explotación y remitió la muestra de encéfalo al laboratorio de referencia de Algete (Madrid). El primer análisis resultó positivo, por lo que se realizará una segunda prueba y un estudio histopatológico en el laboratorio de referencia de Zaragoza. Los resultados definitivos se conocerán en dos o tres días.

El consejero de Ganadería, José Álvarez Gancedo, confirmó que el Gobierno regional aprobó ayer un decreto por el que autoriza, de forma temporal y excepcional, el enterramiento de los cadáveres de las reses muertas en las explotaciones. El decreto, que se publicará hoy en el Boletín Oficial de Cantabria, consta de dos artículos. Uno autoriza el enterramiento y el segundo regula las condiciones exigidas para su correcta ejecución. Según indicó, las inhumaciones se realizarán «con todos los controles que fija la normativa europea y española»; con un tratamiento a base de sosa caústica; y en presencia de los veterinarios de la Consejería de Ganadería, que comprobarán que el lugar de enterramiento es «el idóneo», que no afecta a ningún acuífero y que no ocasiones perjuicios medioambientales.

Álvarez Gancedo destacó que esta medida se ha tomado de forma temporal ante la «imposibilidad de hacer un tratamiento serio de los cadáveres» y para «huir de lamentables espectáculos -dijo- que se han podido dar en otros lugares de animales pudriéndose al aire o semienterrados». Aunque el Gobierno ya ha anunciado una Orden que permitirá enterramientos en granjas bajo condiciones muy estrictas, todavía está vigente el decreto del 24 de noviembre que obliga a incinerar todas las reses muertas en las explotaciones.

El País Vasco también se desentendió ayer de las normas publicadas en el BOE. Los Departamentos de Sanidad y de Agricultura del Gobierno Vasco acordaron ayer con los veterinarios vascos unos modelos propios de certificados que empezarán a ser firmados esta semana por facultativos y ganaderos y que son necesarios para el sacrificio de los animales en los mataderos.

Los consejeros de Sanidad y Agricultura, Gabriel Inclán, e Iñaki Gerenabarrena, respectivamente, dijeron que «no pretendemos añadir papeles inservibles». A juicio de Gerenabarrena, los certificados propuestos por la Administración central son una «barbaridad», porque el veterinario no puede tener conocimiento de algo que no ha visto, y el ganadero tampoco está capacitado para certificar determinados aspectos técnicos que sólo conoce el veterinario. El certificado veterinario del Gobierno, recogido en un anexo del decreto contra el plan de las «vacas locas», va a ser impugnado por el Consejo General de Colegios Veterinarios, con apoyo de los ganaderos, que se niegan a firmar la declaración jurada adjunta. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos anunció ayer que presentará acciones judiciales contra la actuación del Gobierno en la crisis de las «vacas locas».

RECHAZO AL IMPUESTO

Respecto al impuesto que diseña el Gobierno para asumir los costes de la eliminación de los restos de ganado bovino, el gerente de la Asociación Española de Criadores de Vacuno de Carne (Asovac), Domingo Palos, pidió que sean las grandes superficies, los pequeños detallistas y los consumidores quienes asuman la tasa. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Unión de Consumidores de España (UCE) advirtieron de que el nuevo impuesto sobre los intermediarios del sector cárnico, anunciado por el Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro, repercutirá en el precio final de la carne que pagarán los consumidores.

La secretaria de Consumidores y Usuarios del PSOE, Isabel Pozuelo, mostró la oposición de su partido a la polémica tasa y aseguró que se trata de otro «palo de ciego» del Ejecutivo en este asunto. La patronal de los mataderos industriales, Asocarne, también rechaza este futuro impuesto.

Por otra parte, el subsecretario de Agricultura del Ministerio de Agricultura Manuel Lamela, afirmó que este Departamento investigó hace dos años al director general de Ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla, por posibles incompatibilidades sin encontrar ningún argumento contrario a su nombramiento. Respecto a la actuación de Tragsa, empresa estatal de la que es consejero Pérez Bonilla, en el enterramiento ilegal de reses en Galicia, Lamela afirmó que no existe responsabilidad del órgano directivo de la sociedad, ya que «esta empresa actúa por encargo de las Comunidades autónomas». El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, apuntó que Tragsa es «una empresa pública del Ministerio de Agricultura. Es natural que Pérez Bonilla esté en el Consejo. No tiene mayor importancia». Fraga pidió colaboración en lugar de «buscar los defectos inevitables de una situación de emergencia».

La Rioja y Cataluña confirmaron ayer que no han realizado todavía ningún «test» al ganado en lo que va de año. El presidente riojano, Pedro Sanz, apuntó como causa el hecho de que no se ha sacrificado ni una sola vaca que supere los treinta meses de edad. En un comunicado oficial, la Generalitat justificó la ausencia de pruebas, señalando que no se ha detectado ningún animal con síntomas de la enfermedad. Por el contrario, el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, aseveró que se han realizado pruebas. Estas tres Comunidades, junto a Aragón, Murcia y Extremadura, todavía no han llevado a cabo estos análisis desde el 1 de enero. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, dijo ayer en Berlín que habrá que sacrificar y analizar 180.000 reses en los próximos meses.

ANÁLISIS EN ANIMALES VIVOS

Por último, científicos del Instituto Svanova de Upsala (Suecia) aseguran que han logrado un test sanguíneo para detectar la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en reses vivas. Marek Merza, director del Departamento de Biotécnica de centro, adscrito al Instituto Nacional de Veterinaria, asegura que los «kits» de diagnóstico podrían estar en la calle dentro de seis meses, según informa nuestra corresponsal en Suecia, Carmen Villar Mir. La multinacional Boerhinger Ingelheim se encargará de comercializar esta prueba.