Un cambio en el reglamento de Costas amenaza con recortar hasta 30 años las prórrogas

«Es un proyecto normativo en trámite. De hecho, acaba de iniciar su andadura», decían antes de elecciones fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, que indicaban que solo están adaptando el reglamento a las conclusiones de un informe de la Abogacía del Estado , solicitado por el departamento de Teresa Ribera a raíz de la situación de la fábrica de celulosa Ence , ubicada en la ría de Pontevedra y cuya prórroga para 60 años está ahora en manos de los tribunales. Desde el pasado mes de marzo tiene en contra el nuevo criterio de la Abogacía del Estado. Ayer la empresa era, precisamente, la que mayores pérdidas registraba en la bolsa a raíz de la victoria del PSOE.

Para el Ministerio ahora hay « dos normas incoherentes entre sí en vigor», la ley de 2013, que incluía la extensión de los plazos, y la del reglamento de 2014, que la desarrollaba con «una interpretación incorrecta». Por tanto, aseguran, «hay una situación de inseguridad». Sin embargo, fuentes jurídicas apuntan a que «no es cierto» que haya «incongruencias», ya que la ley de 2013 habla de plazos «desde que se solicitan» las prórrogas. «No pueden decir que estamos leyendo mal. Por eso lo modifican, sino no haría falta».

De hecho, la decisión de iniciar el trámite está levantando una gran polémica. No solo porque el texto estuvo diez días en información pública y los afectados apenas tuvieron tiempo de presentar alegaciones, sino porque ha generado una gran incertidumbre . «Es una modificación de calado. Afecta a todas las concesiones en territorio público marítimo-terrestre. Industrias, negocios, hoteles… de todo», explica el abogado Paulo López Porto, cuyo bufete envió alegaciones al reglamento en representación de un astillero.

Donde se están alzando más quejas es en el sector industrial. Para todas aquellas actividades industriales que no necesiten estar al lado del mar para desarrollar su función no se habla de un recorte, sino de un traslado antes de tiempo. El gran problema, cuenta López Porto, es que no queda claro qué actividades son esas que podrían ser trasladadas. «Queda en manos de la Administración. Las concesiones solo son para las industrias que tienen que estar obligatoriamente al lado del mar, pero ¿cuáles son?», se pregunta el abogado. Otras fuentes jurídicas también apuntan a la gran preocupación del sector. «El tinte del conjunto de la reforma apunta a una restricción de lo que puede estar en dominio público marítimo-terrestre (...). Lo peor de todo es que se haga una modificación tan relevante sin tener en cuenta a nadie», lamentan.

Tras las quejas de buena parte del sector industria-mar, fuentes ministeriales insisten en que la modificación no afecta a la acuicultura, a depuradoras de marisco, astilleros, como tampoco a chiringuitos o clubs de vela. En concreto, aseguran que solo hay una treintena de industrias en toda España que pueden desarrollar su actividad fuera del territorio marítimo terrestre en el que se encuentran en la actualidad.

En Galicia no lo ven tan claro. Ya sea por la reducción a efectos prácticos del tiempo de prórroga o por la posibilidad de no poder renovarla por el plazo máximo, la Xunta cree que podría haber hasta cien empresas afectadas , además de unas 5.000 edificaciones, tanto públicas como privadas, entre restaurantes, hoteles o colegios, que vean reducidos sus plazos. La semana pasada, el sector mar-industria de Galicia planteó, «a la vista del grave impacto» del reglamento, acciones de protesta que podrían incluir el cierre patronal de la actividad, mientras en Cantabria, la Asociación de Afectados por la Ley de Costas llegó a cifrar en un millar los negocios que podrían verse afectados, desde talleres y ganaderías hasta polígonos industriales.

«No acaba de quedar claro a quién va a afectar, la redacción es ambigua», opina también el abogado Daniel Olabarría, que asegura que l os problemas llegan cuando hay «un criterio subjetivo» . «La modificación del reglamento afecta a todos aquellos que tengan una concesión de ocupación», dice Carmen del Amo, presidenta de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas, que replica que le gustaría «saber cómo lo van a hacer, porque no dan ninguna solución y no hay un inventario con todos los afectados».

La Asociación Empresarial de Acuicultura de España, por ejemplo, y pese a la aclaración posterior de Transición Ecológica, también presentó alegaciones a la modificación. «Hay muy poca información, nos avisaron cuatro días antes de que se cerrara el plazo de alegaciones», lamenta Javier Ojeda, gerente de Apromar, cuya asociación ha criticado duramente los movimientos del Ministerio, al considerar que cambiar el reglamento «es innecesario desde el punto de vista jurídico; injustificadamente receloso y limitante de los títulos concesionales en vigor y de sus futuras prórrogas y renovaciones».

Por ahora, el texto publicado no es definitivo y el procedimiento puede tardar de semanas a años en salir adelante, además de que tendrá que ser aprobado por el Consejo de Estado, aunque Transición Ecológica ha manifestado su intención de revisar las prórrogas que se han concedido y ajustar las que estén pendientes a los criterios de la Abogacía del Estado. «Están adelantando el final de la Ley de Costas», resume el abogado López Porto.