Cambiar de sexo a los 12 y sin permiso paterno

En realidad el proyecto fue elaborado por la Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB), pero Podemos se encargó en mayo de iniciar su tramitación parlamentaria porque esta asociación no tenía competencias para hacerlo. La proposición, que ahora deberá pasar por un periodo de enmiendas, propone algunas medidas muy polémicas como multas de hasta 45.000 euros a aquellos profesionales de la sanidad que apliquen terapias que «pretendan revertir la orientación sexual de la persona aún con el consentimiento de la misma».

De aprobarse este texto tal como está redactado, los medios de comunicación además estarán obligados a incluir en su programación, «para todas las franjas de edad, la diversidad de género, incluyendo la diversidad familiar LGTBI» (personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales).

La propuesta que lleva Podemos hoy al Congreso también pretende introducir la ideología de género en las aulas, al obligar a los centros a incluir «contenidos sobre la diversidad sexual , de género y familiar en asignaturas como Conocimiento del Medio en la educación primaria o el movimiento LGTBI en Historia, en Secundaria».

Los alumos además podrán acudir al colegio vestidos de acuerdo al género con el que se sientan identificados aunque no coincida con el biológico. En las residencias de ancianos, centros de menores o escuelas públicas, las personas transexuales o transgéneros podrán utilizar el baño según el «género sentido».

Esta proposición que aspira a convertirse en ley pretende unificar en un solo marco legal las distintas normas aprobadas hasta ahora por las comunidades autónomas con el objetivo de «evitar la discriminación» por motivos de identidad de género de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Una situación en la que se encuentra cerca del 10 por ciento de la población. En concreto, entre tres y cinco millones de personas, según las estimaciones de las distintas asociaciones LGTBI.

Las primeras comunidades en aprobar una norma por los derechos de las personas LGTBI fueron Navarra y el País Vasco, en 2009 y 2012, respectivamente. Galicia, Andalucía, Canarias, Cataluña y Extremadura cuentan con este tipo de legislación desde 2014 y 2015. El resto, Madrid, Murcia e Islas Baleares y Valencia se sumaron en 2016. Aragón y Asturias están en proceso de elaboración de los proyectos de ley, mientras que Navarra se está planteando reformar su norma para «modernizarla».

Aunque todos están de acuerdo en que «nadie tiene por qué ser discriminado por razón de su orientación sexual», más de un centenar de asociaciones -agrupadas en la Plataforma por las Libertades- consideran que este tipo de norma «lejos de promover la igualdad y la no discriminación» tratan de «imponer la ideología de género» y «conculcan derechos fundamentales reconocidos en la Constitución», como «el de la libertad de la educación».

«Quieren instaurar un pensamiento único basado en la ideología de género y obligar por ley a t odos los ciudadanos a acatar su moral , su sexualidad y hasta una visión de la biología absolutamente delirante y acientífica. Y comenzarán por los niños, en las escuelas, como venimos advirtiendo desde hace meses», explicó ayer el director de campañas de Hazte Oír, Miguel Vidal.

El director del Centro de innovación del Derecho de ICADE, en la Universidad de Comillas, Federico de Montavlo, considera que permitir a los menores someterse a una cirugía de cambio de sexo sin el permiso de los padres «contradice la ley de Autonomía del Paciente». «Dado los riesgos para la salud que tienen estas intervenciones, un menor no podría estar capacitado para autorizar la cirugía y debebrían ser los padres lo que velen por el mejor interés del menor», apunta.