Vic calla tras el dictamen de la Abogacía del Estado que avala empadronar «ilegales»

A última hora de ayer, ni el alcalde ni ningún miembro de la Corporación se habían pronunciado sobre el contenido de este dictamen que supone un varapalo a sus tesis y que se habían comprometido a acatar. Fuentes municipales alegaron que aún no se lo había remitido la Delegación del Gobierno en Cataluña.

Dato fáctico no jurídico

Los servicios jurídicos sostienen que tanto la ley de Bases del Régimen Local como el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de Entidades Locales utilizan un dato fáctico -domicilio habitual- y no un dato jurídico -residencia legal- como base o fundamento de la inscripción en el padrón; que en ninguno de esos preceptos legales se distingue entre españoles y extranjeros (algo que en todo caso debería haber previsto el legislador); que «no es competencia de los ayuntamientos comprobar la residencia legal del extranjero» y que la inscripción padronal «no es un acto administrativo idóneo para que de él se extraigan consecuencias jurídicas ajenas a su función».

Según el dictamen, no corresponde a cada ayuntamiento dictar instrucciones técnicas distintas de las que emanen de la Administración central. Con respecto a la obligación del extranjero de contar con visado que acompañe al pasaporte, la pretensión de Vic, la Abogacía del Estado recuerda que los preceptos que serían aplicables de la Ley de Extranjería tienen limitada su aplicación a la materia de extranjería y no alcanzan a la regulación del padrón, y argumenta que la última modificación legal de diciembre tampoco ha variado este punto.

Nota discordante

Horas antes el ministro de Fomento, José Blanco, en un ejercicio de intérprete legal admitió que «probablemente exista una incongruencia» en la legislación porque mientras la Ley de Extranjería indica que los inmigrantes en situación irregular deben ser expulsados, la Ley de Bases de Régimen Local obliga a los ayuntamientos a empadronar a toda la población sin mirar su situación administrativa, informa Ep.

No obstante, Blanco aseguró que «la mayor incongruencia es tener descontrolados a los irregulares en España para que se generen guetos absolutamente ingobernables que deterioren la convivencia».

Bastante menos claras fueron las declaraciones del presidente del Gobierno en la presentación del programa de la presidencia española de la UE en Estrasburgo, donde tuvo que soportar las críticas de algunos eurodiputados que le reprocharon, como en el pasado, una política demasiado abierta hacia los inmigrantes.

Zapatero desmintió que sea partidario de la inmigración masiva y «sólo» se declaró «partidario de respetar masivamente los derechos humanos de todas las personas, vengan de donde vengan», echando mano de ese discurso «buenista» que incluso le ha afeado recientemente, sin nombrarlo, el presidente de la Generalitat José Montilla.

Zapatero, en su réplica, recordó a los eurodiputados que existe un Pacto de Inmigración europeo no sólo para controlar las fronteras, sino también para integrar y respetar a los inmigrantes y adelantó que no iba a permitir trucos como el de Vic, lo que confirmó horas después el dictamen de la Abogacía.

La «rebelión de Vic» siguió provocando reacciones antes de que se conociera el dictamen. El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, aseguró que «hay una obligación de empadronar a los ciudadanos irregulares que viven en un municipio» y rechazó la «excusa» de Torrejón de que no empadrona a algunos «sin papeles» para evitar el hacinamiento. «El PP lo que está pidiendo es que se incumpla una norma que aprobó su presidente, Mariano Rajoy, cuando era ministro de Administraciones Públicas».

Cumplir la ley

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, señaló por su parte que la inmigración tiene que ser un «aspecto fundamental» de la campaña electoral catalana aunque recalcó que no van «a abanderar el incumplimiento de una ley por muy en desacuerdo» que estén con ella, informa Efe. De Cospedal insistió en que la ley «no estuvo bien hecha en su día» y afirmó hay que alcanzar un acuerdo político para modificarla, porque «lo que no se puede es ir por la puerta de atrás».

Por su parte, la patronal de pequeñas y medianas empresas de Cataluña (Pimec) quiso matizar ayer las declaraciones de su presidente, Josep González, que vinculó la presencia de extranjeros en Barcelona a una mayor inseguridad ciudadana. La patronal aclaró que González se refería a los problemas en algunos polígonos industriales, y que, «en ningún caso» habló de delincuencia.