«Uno de cada diez colegios es un gueto»

Las tres entidades destacaron que la actual situación del sistema educativo «sigue permitiendo legalmente -o de facto- la exclusión escolar, lo que provoca que muchos niños y niñas no tengan igualdad de oportunidades por razón de etnia, procedencia, situación socioeconómica o discapacidad».

Advirtieron de que la exclusión se ha visto agravada por la crisis del Covid-19, el confinamiento y el cierre de colegios durante meses, por lo que instaron al Gobierno y a las diferentes administraciones públicas educativas a que den los pasos necesarios para revertir esta situación de cara al nuevo curso.

Defendieron también que los tratados y convenciones de derechos humanos de Naciones Unidas, las instituciones de la Unión Europea, el Consejo de Europa o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otros, llevan años recomendando políticas contra la exclusión escolar y reclamando a España que actúe ante este problema que genera una grave desigualdad educativa.

«La propia Unesco difundió el pasado 23 de junio un contundente informe sobre la educación en el mundo en el que se afirma que la inclusión educativa es un imperativo moral y una condición para que España cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y conseguir así sociedades sostenibles, equitativas e inclusivas», recordaron las tres organizaciones.

En este sentido, Jesús Martín , delegado del Cermi para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, recordó que «España, junto al resto de países del mundo, se comprometió a hacer efectivo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, además de promover el aprendizaje durante toda la vida para todos, con el fin de no dejar a nadie atrás, que asume la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas».

«Ha llegado el momento de que España cumpla sus obligaciones -tanto en el nivel estatal como en el de las comunidades autónomas- y dé los pasos para eliminar la exclusión escolar y avanzar hacia un modelo educativo verdaderamente inclusivo , que acoja la diversidad humana en las escuelas y dé oportunidades a todas las niñas y los niños de estar, participar y aprender, conforme a las reglas uniformes de derechos humanos y la Agenda 2030», añadió.

Por su parte, Catalina Perazzo , directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, apuntó que actualmente hay muchos niños y niñas que, por los recursos económicos y el nivel cultural de su familia, por su origen étnico o nacional, deben estudiar concentrados en las mismas escuelas y separados de la diversidad. «Sabemos que uno de cada diez centros educativos es calificado como gueto con más del 50% de alumnado desfavorecido y que nueve de cada diez de esos centros son públicos. Debemos actuar ahora para que la exclusión por origen social no siga creciendo en Cataluña o la Comunidad de Madrid», declaró.

Por su parte, María Teresa Suárez , de la Fundación Secretariado Gitano, señaló que «las tres organizaciones trabajamos y damos voz a la infancia que más sufre la discriminación escolar y que más apoyos necesita en sus procesos educativos: alumnado con algún tipo de discapacidad, alumnado gitano, inmigrante, y niños y niñas en situación de pobreza y exclusión social». « La educación inclusiva mejora la calidad y la eficiencia del sistema educativo, contribuye al necesario proceso de socialización, a conocer y aceptar la diferencia, a realzar la diversidad y genera cohesión social; escuelas diversas preparan para trabajar y vivir en equipos, empresas y sociedades que son más creativas, innovadoras y productivas», concluyó.

La Fundación Secretariado Gitano, Cermi y Save the Children plantean a los poderes públicos tres medidas clave para revertir la situación antes del 2030. En este sentido, llaman a una reforma de las leyes educativas LOE-LOMCE que reconozca el derecho a la educación inclusiva y recoja medidas concretas de admisión, control y recursos contra cualquier discriminación o trato desigual injustificado, incluido el acoso, en el entorno escolar.

Reclaman también un plan estatal de inclusión educativa con calendario, objetivos, indicadores y presupuesto acordados con las comunidades autónomas para alcanzar un sistema de enseñanza equitativo antes de 2030, así como una nueva Ley integral de igualdad de trato y lucha contra la discriminación que reconozca, prohíba y sancione la exclusión o desigualdad escolares como una forma de discriminación.