El Cabril: el incierto final del único cementerio nuclear que tiene España

El asunto está de actualidad, porque una iniciativa parlamentaria que acaba de tramitar el PSOE en el Congreso va a hacer que todos los grupos políticos se manifesten al respecto. En particular, quiere forzar el Gobierno del PP a que diga nítidamente por cuál de esas dos opciones se inclina .

El proyectado Almacén Temporal Centralizado (ATC) a construir en Villar de Cañas (Cuenca) sigue su lento proceso de tramitación. Sin él, el único almacén de residuos radiactivos es el de El Cabril, situado en tierras del municipio cordobés de Hornachuelos, pero con un área de influencia -por proximidad- que abarca a Fuente Obejuna, Peñarroya y a los municpiios sevillanos de Las Navas y Alanís.

Las instalaciones están concebidas exclusivamente para almacenar residuos de media, baja o muy baja actuvidad radiactiva . Dotado de unas tremendas medidas de seguridad, ni PP ni PSOE dudan de las garantías técnicas de este enclave. Pero hace ya años que ambos partidos, junto a IU y al Partido Andalucista, votaron de forma unánime para descartar cualquier nueva ampliación de El Cabril. Ahora los socialistas recuerdan aquella votación y quieren que idéntico compromiso se adopte en el Congreso.

El desmantelamiento de centrales nucleares y la generación de residuos radiactivos por otras actividades cotidianas -tales como las sanitarias o ciertos procesos industriales- hacen necesario disponer de un sistema nacional de recogida y almacenamiento controlado . Hasta ahora, El Cabril es un elemento fundamental. Y se antoja que lo seguirá siendo mientras no sea una realidad el ATC de Villar de Cañas.

Hace menos de dos años, el Gobierno apuntó en una respuesta parlamentaria que, según las últimas estimaciones, El Cabril habrá agotado su capacidad de almacenamiento en el año 2040 . Otras estimaciones hablan de un horizonte de apenas 15 años. En cualquier caso, un plazo limitado y de vencimiento cada vez más próximo.

La proposición no de ley del PSOE que se votará en el Congreso es nítida. En su parte dispositiva, establece « la clausura y sellado del centro de almacenamiento de residuos de media y baja actividad de El Cabril, una vez se complete la capacidad de almacenamiento autorizada en estos momentos, tanto a nivel volumétrico como de emisión radiactiva, renunciando a cualquier otra ampliación del centro». Cuando El Cabril se selle, quedará como zona restringida, bajo vigilancia radiológica y control permanente .

Uno de los firmantes de esta iniciativa parlamentaria, el diputado socialista cordobés Antonio Hurtado, subraya que la proposición no plantea un cierre anticipado de El Cabril, sino garantizar que no se ampliará, que no se prolongará su vida más allá del espacio disponible en este momento. Es decir, que se respete estrictamente el plan que se aprobó hace años de forma pactada y con la supervisión de las autoridades científicas en materia de seguridad nuclear. Eso incluye también restringir la entrada de todo residuo que no sea de los tipificados como de media, baja o muy baja actividad radiactiva.

«No queremos que aquel plan de uso, que fue aprobado tras ser aceptado por todos, se cambie ahora para ampliar El Cabril, porque eso crearía una preocupación social que no es conveniente», dice este diputado por Córdoba. «Andalucía, y esta porción de su territorio en particular, ha contribuido con creces a la solidaridad nacional en esta materia», afirma.

El Cabril ya acumula 56 años de vida . Las antiguas minas de Uranio de este enclave se convirtieron en vetedero de residuos radiactivos. No medió un proyecto tramitado administrativamente con publicidad, ni un procedimiento reglado al uso. De hecho, no fue hasta los años 70 cuando se destapó abiertamente la existencia de ese vetedero nuclear. Con la llegada de la democracia, El Cabril se convirtió en objeto de debate no exento de controversias.

En 1987, el Gobierno de Felipe González validó la autorización ministerial de este almacén nuclear . Dos años antes había empezado a implantarse un nuevo, reglado y moderno protocolo de almacenamiento de residuos radiactivos en este enclave, y en 1990 empezaron a construirse sus nuevas isntalaciones, las que están actualmente en uso, que se inauguraron en 1992, todavía bajo el Gobierno socialista de González.

Ahora el PSOE pide cerrar el paso a cualquier nueva ampliación de ese cementerio nuclear. Y piden al Gobierno que se manifieste en ese sentido, en un momento en el que -según los socialistas- la empresa pública Enresa apuesta por ampliar El Cabril para alargar su vida útil. Enresa depende del Ministerio de Energía. Es la empresa estatal que gestiona los residuos radiactivos en España y la encargada de las instalaciones de El Cabril.