Bruselas estudiará si España considera el posible riesgo sísmico de los proyectos de gas en Doñana

«Si ha habido algún estudio sísmico que haya salido a la luz con posterioridad a las declaraciones de impacto ambiental, la Comisión estudiará y preguntará a las autoridades españolas en su caso de qué manera se pueden tener en cuenta, con posterioridad a la evaluación de impacto ambiental, a la hora de emitir las respectivas autorizaciones », ha explicado el representante de la Comisión Europea, Daniel Gómez , durante el debate de las peticiones contra los proyectos de gas en Doñana y la sobreexplotación de los acuíferos.

Las autoridades españolas han informado al Ejecutivo comunitario de que «sí se han realizado estos estudios sísmicos» en el caso del único proyecto autorizado hasta la fecha de los cuatro proyectados, el de Marismas Occidental , ha aclarado Gómez, que ha recordado además que tanto la autorización de este proyecto como la denegación de la autorización ambiental unificada para el proyecto de Marismas Oriental «han sido recurridas tanto por vía administrativa como por vía contenciosa» y por tanto que la Comisión no puede « intervenir » en casos «que están 'sub judice' ante los tribunales nacionales».

«Por lo tanto, hasta el momento no es posible identificar ninguna infracción al derecho de la legislación europea en materia de medio ambiente», ha explicado, recalcando que sólo el Ejecutivo comunitario «podrá tomar una decisión» sólo una vez que resuelvan las decisiones administrativas y los recursos pendientes.

En todo caso, ha explicado que la directiva de Hábitats «no prohíbe 'per se' la ejecución de proyectos en la zonas que han sido integradas en la red de espacios natura 2000» pero sí «obliga a que antes de que se autoricen estos proyectos, las autoridades competentes se aseguren » de que «no causen ningún perjuicio a la integridad de los lugares» y ha recordado que las autoridades españolas han concluido en las evaluaciones de impacto que « ninguno » de los cuatro proyectos de extracción, almacenamiento y transporte proyectados en la zona «tendría un efecto significativo sobre las zonas».

Además, ha dejado claro que la normativa europea no exige que se realice «un solo estudio de impacto» sino que «se tengan en cuenta los efectos acumulativos» de los diferentes proyectos, un asunto que el Ejecutivo comunitario considera « no relevante » por ahora porque sólo hay un proyecto autorizado.

Eso sí, ha recordado que el Ejecutivo comunitario abrió a España en octubre de 2014 por « infracciones a la legislación ambiental » europeas --las directivas Hábitats y la Directiva Marco del Agua-- ante el «deterioro de los Hábitats en Doñana» que «se vienen constando desde hace décadas» por «diferentes presiones» al espacio natural, incluida «por la excesiva abstracción de agua» para regadíos y la agricultura y en estos momentos «está analizando las respuestas de las autoridades españolas» al dictamen motivado, el último paso de un procedimiento de infracción antes de llevar un caso ante el Tribunal de Justicia de la UE , que le envió en abril de 2016 para pedirle que tomará medidas.

«La Comisión está en estos momentos tratando de obtener toda la información científica necesaria para poder justificar su posición en el caso de que se probara que hay una infracción y poder acudir al Tribunal (europeo) », ha asegurado Gómez.

El peticionario de la ONG Club Doñana, José Manuel Cantó Romera , ha reclamado remitir el caso «al Tribunal europeo a la mayor brevedad» tras denunciar «la absoluta inacción gubernamental» para cumplir con el dictamen motivado de Bruselas para adoptar en un plazo de dos meses «las medidas necesarias» y que « se está infringiendo de forma muy grave y continuada y constante » desde «hace décadas» las directivas marco de Agua, Hábitats y prevención y control de la contaminación.

«A día de hoy la supervivencia de Doñana depende exclusivamente de la Unión Europea», ha avisado, al tiempo que ha reclamado el envío de una delegación de la Eurocámara « sin más demora » a Doñana para comprobar «in situ y a fondo» dichas infracciones ambientales «acompañados exclusivamente de miembros del Club de Doñana», cuyos expertos biólogos, geólogos y geógrafos han sido todos miembros del Patronato del Parque Nacional de Doñana durante décadas.

Por su parte, Aurelio González , de la Mesa de la Ría de Huelva, ha alertado del «grave riesgo» que supone para Doñana «la inyección de gas que se pretende o que ya se está realizando» y que podría «inducir terremotos, que no se han evaluado», recordando el caso de «malversación del dinero público» del proyecto Castor.

«La situación geológica es mucho más compleja» en Doñana, ha avisado, insistiendo en que el Ejecutivo comunitario «ha sido engañado» porque «parte de las obras» han comenzado «sin» evaluar su riesgo sísmico.

La eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol ha reclamado el envío de una misión de investigación de la Eurocámara a Doñana para finales de año o principios del año que viene, al tiempo que ha criticado que no se haya votado ya la misión durante el debate en Comisión dado que contaba con «mayoría» de apoyos de los grupos de izquierda.

La eurodiputada andaluza del PSOE, Soledad Cabezón ha apoyado el envío de la misión y ha defendido que los estudios de la Universidad de Huelva que han detectado riegos sísmico serían motivo «para reabrir» la autorización del proyecto «atendiendo al principio de cautela», algo que también ha apoyado el eurodiputado verde de EQUO Florent Marcellesi .

También el eurodiputado de Podemos, Xabier Benito ha criticado que los proyectos de gas «se han dividido para hacer trampas al solitario» y ha recordado que el proyecto Castor en Castellón no incluyó evaluación de riesgos sísmicos y ahora no se está usando pese a que el almacén costó mil millones de euros. «Lo mismo podría ocurrir con Doñana», ha avisado.

La eurodiputada del PP Rosa Estaràs ha recordado que único proyecto autorizado cuenta con el visto bueno del Gobierno y de la Junta de Andalucía y ha cuestionado que la Eurocámara tenga competencia para investigar el caso cuando « no parece que se infrinja» la legislación europea, según la propia Comisión , aunque ha dejado claro que no se opondrá a una eventual misión. «No seré yo quien me oponga», ha dicho, aunque ha apelado al «sentido común».

La presidenta de la Comisión de Peticiones, la liberal sueca Cecilia Wikström , ha confirmado que la petición se mantendrá abierta y ha remitido a la reunión de coordinadores de los grupos la decisión sobre el posible envío de una misión de investigación de la Eurocámara a Doñana. «Las decisiones se tomarán allí», ha aclarado.