Berkeley reclamará 500 millones al Gobierno si la ley del clima frustra su mina de uranio

La enmienda sobre la minería de uranio tiene opciones de salir adelante. La propuesta fue presentada conjuntamente por los dos partidos de Gobierno, Unidas Podemos y PSOE, y a sus socios parlamentarios no parece compensarles dar batalla por una mina en Salamanca, según las impresiones de la empresa. El texto prevé que se prohíba el aprovechamiento de minerales radiactivos y el archivo de los procedimientos sobre autorizaciones.

«Si la propuesta sale adelante tal y como está redactada, obviamente esto se paraliza», reconoce Bellón. Pero la empresa y los servicios jurídicos contratados de Herbert Smith Freehill interpretan que la enmienda planteada es ilegal e inconstitucional. «Es una expropiación de hecho», dice el directivo, «de derechos ya otorgados como son las tres concesiones de explotación» en poder de la empresa. «Esta ley simplemente dice que se eliminen sin ningún tipo de compensación . Estamos en una situación de indefensión manifiesta», dice Bellón, que asegura que a falta de un último permiso, técnicamente la mina de uranio se podría empezar a construir «mañana mismo», con los contratistas preparados, los terrenos adquiridos y la financiación en el banco.

No lo ve de así el diputado de Unidas Podemos y presidente de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, Juan López de Uralde. «Lo de Berkeley es una operación especulativa que lo único que pretende es obtener un rendimiento económico, no le interesa nada la minería», dice. Y ante la amenaza de un proceso internacional, apunta: «Nosotros como poder político debemos tener el derecho soberano a tomar decisiones». Según el grupo, el impacto que tiene la minería de uranio sobre el medio ambiente y el «abandono progresivo» de la energía nuclear hacen pertinente el cambio.

Ante el posible articulado, lo que reclama Berkeley es que, al menos, se plantee una medida transitoria, al igual que con la explotación de hidrocarburos y el fracking: aunque se prohiben nuevas licencias, no se cancelan las existentes. «Es totalmente ilegal que esa prohibición se haga con carácter retroactivo y se eliminen de un plumazo las licencias concedidas», dice Bellón. Mientras, en el pueblo salmantino afectado, de 198 habitantes, la iniciativa lleva años causando roces entre los vecinos que ven un salvavidas económico y los que ven una ruina ambiental. Pese a reiteradas peticiones, el alcalde de la localidad no ha hecho comentarios.