Dos bebés fueron intercambiadas en 2002 en un hospital de Logroño

Si la cal es lo bueno y la arena lo malo, a María le dieron arena. A ella le tocó una vida más complicada –al menos a priori– de la que habría tenido que afrontar de no mediar error humano en la maternidad. Ella se vio inmersa en una situación de riesgo, desde 2003, con las discapacidades e incapacitaciones de sus progenitores formales quedando a cargo de su supuesta abuela materna, que se convirtió en acogedora permanente con funciones tutelares. En 2017, cuando ya tenía 15 años, su tutora (la presunta abuela) interpuso una demanda de alimentos contra el pretendido padre, que se negó en redondo a abonar cantidad alguna alegando que la chica no era su hija.

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Logroño, ante la sospecha de que pudiera ser un argumento falaz, ordenó que se sometiera a una prueba de ADN que, de manera insospechada, confirmó que efectivamente no era el padre biológico. Poco después, y mediante una prueba similar en una clínica privada, los 15 años de vida de María comenzaron a desmoronarse y las preguntas a asediarla al conocer que tampoco existía relación genética con quien consideraba su madre.

En ese momento (2017), solo tenía claras dos cosas: una, que su libro de familia necesitaba tipex para borrar los nombres tanto de su padre como de su madre; y dos, que no guardaba ninguna relación familiar ni con su supuesta abuela materna –con la que continúa viviendo– y tutora durante su minoría de edad ni con el resto de quienes le han acompañado desde que salió del Hospital San Millán.

Desde ese momento, María se ha dedicado a buscar respuestas a todas aquellas preguntas que, con 15 años, ya daba por conocidas. Tras solicitar –y recibir– el beneficio de la mayoría de edad por parte al Juzgado de Familia de Logroño en 2018, reclamó a la Consejería de Salud «la averiguación y determinación de su inequívoca identificación con arreglo al principio de veracidad biológica y que se le notificara el resultado e identificación inequívoca de sus progenitores biológicos», recuerdan sus letrados.

Salud se declaró «incapaz, técnica y legalmente» para dar respuestas a esas preguntas, si bien abrió un investigación reservada con la que María fue capaz de reconstruir qué sucedió desde su nacimiento hasta su entrega a una madre equivocada. No solo eso. En el transcurso de esa investigación también fue informada de que nunca conocerá a la que todos los indicios señalan como su madre biológica. Murió en 2018.

Salud estudió los nacimientos registrados en 2002 en una horquilla temporal amplia en el San Millán, descartó a quienes no pasaron por la sala de incubadoras, dejó fuera a los varones y, tras analizar fechas y datos médicos, sobre la mesa, y junto al de María, sólo quedó la historia sanitaria de Ana: ambas nacieron el mismo día con 5 horas de diferencia, con bajo peso, fueron trasladadas directamente a sendas incubadoras consecutivas y después a las cunas 6 y 7. Además, sus grupos sanguíneos son 0+ y A+, compatibles con los de sus respectivas madres.

La investigación sostiene que el cambio de bebés pudo ocurrir «cuando se decide que ambas niñas pasen de sus incubadoras a cunas, seguramente antes del contacto con sus madres en el lactario, tal y como sugieren la anotaciones en sus fichas».

Con ese informe, y de la mano de la Fiscalía de La Rioja, se sigue un procedimiento de filiación que está pendiente de los resultados de la prueba de ADN de su presunto padre biológico, que no puso objeciones a someterse a una prueba que se remitió al Instituto Nacional de Toxicología en enero de 2021.

De manera paralela a esa vía judicial, los letrados de la afectada han solicitado a la Consejería de Salud una indemnización de 3.005.060,52 euros en concepto de responsabilidad por daños morales. Si bien esa petición está congelada a expensas de lo que diga el análisis de ADN del presunto padre biológico de María, su letrado ha tenido acceso a la propuesta de resolución redactada desde la Consejería de Salud, que argumenta que no existe una relación de causalidad entre la actuación de la administración regional y la situación de la afectada; que no se trata de un hecho antijurídico y que María tiene la obligación de soportar la situación actual. Pese a esos argumentos, sí ofrece «de manera subsidiaria». el abono de una indemnización de 215.000 euros.