Los ataques a la educación concertada en las comunidades autónomas

La educación concertada ha emprendido su batalla en los tribunales contra el Gobierno autonómico de PSPV-PSOE y Compromís ante lo que consideran un ataque a este tipo de educación. Diversas entidades como la Federación Católica de Asociaciones de Padres (Fcapa) han interpuesto recursos contra el arreglo escolar que da la vuelta al modelo y, por primera vez desde el 2012-13, perjudica a los centros concertados al no autorizar unidades si existen plazas vacantes en los colegios públicos.

La Generalitat también ha restringido la renovación automática de los conciertos en Bachillerato y FP, por lo que se priorizará a los centros públicos y sólo se recurrirá a los concertados en el caso de que haya déficit de plazas en los institutos próximos, informa Rosana Belenguer Crespo.

En Cataluña, la CUP –socio de gobierno de Junts pel Sí (JpSí)_en la Generalitat– y los otros grupos de la izquierda están siendo muy beligerantes contra la escuela concertada. Así, justo hace un año el Parlamento catalán debatió una proposición de ley presentada por Catalunya Sí Que es Pot (CSQP) que exigía que se acabaran los conciertos a la treintena de escuelas de élite que segregan a los alumnos por sexos. La medida acabó rechazada, gracias a la postura de JpSí y el PPC y a pesar, de los votos contrarios de la CUP, los «comunes» y el PSC.

La financiación de estos centros también ha sido un reciente motivo de discusión entre JpSí y los «cupaires», que han exigido en reiteradas ocasiones rebajar los 1.000 millones de euros anuales que la Generalitat aporta a estos centros. En Cataluña, en 35%_de los colegios son concertados, aunque en Barcelona –con insuficientes plazas públicas para absorber la alta demanda – las escuelas subvencionadas llegan hasta el 60% del total. Los responsables de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Escuelas Libres de Cataluña consideran que los últimos gestos son «un ataque directo contra la libertad de educación», informa Anna Cabeza.

El Gobierno aragonés que preside el socialista Javier Lambán ha disparado la tensión con los colegios privados concertados tras haber pactado con Podemos un plan de cierre de aulas en esos centros. La polémica lleva camino de acabar ante los juzgados, algo que el Ejecutivo de Lambán va a tratar de evitar atemperando el compromiso al que ha llegado con Echenique, una moneda de cambio para desatascar la aprobación del presupuesto del Gobierno de Aragón para el presente año.

Las cuentas estaban bloqueadas y las negociaciones entre el PSOE y Podemos prácticamente rotas. Tras cinco meses de tensas relaciones entre ambos partidos –Lambán gobierna en minoría, tras ser investido en junio de 2015 con el voto de Podemos–, los socialistas han salvado la situación con un principio de acuerdo que parece garantizarle la aprobación del presupuesto de la Comunidad para el presente año. Para ello se ha plegado a varias exigencias de Podemos. La más controvertida, el cierre de aulas en colegios concertados, un sector en el que predominan los centros católicos.

Los de Echenique quieren que se cierren una treintena de aulas, lo que con el paso de los años supondría la desaparición multiplicada de un número mucho mayor, ya que el efecto iría pasando de curso a curso, de nivel a nivel. El PSOE, sin embargo, trata de que la medida, cuando se ponga en práctica, tenga consecuencias más limitadas. Los socialistas apuntan a que su intención es prescindir de una docena de aulas concertadas. La cifra, en cualquier caso, está aún por concretar.

Podemos justifica su envite contra la concertada en la necesidad de blindar aulas en colegios cien por cien públicos. Y el PSOE acepta la tesis de partida: achicar la oferta en los centros concertados para derivar alumnos y nutrir aulas públicas.

Desde la oposición, sin embargo, lo ven de otra forma. Consideran que en el fondo subyace un ataque contra los colegios católicos que, a la postre, conllevará también un ataque contra el derecho de libre elección de centro educativo. Al igual que la patronal del sector, advierte que la medida –de consumarse en los términos que se ha esbozado– podría ser ilegal. El PP habla incluso de responsabilidades penales.

La delegación aragonesa de la patronal de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) también ha advertido que este acuerdo entre PSOE y Podemos tiene tufo de inconstitucionalidad. «Se trata de un planteamiento puramente ideológico y excluyente, que no tiene en cuenta criterios de eficiencia y demanda ni la libertad de elección de centro educativo recogida por la Constitución Española», advierten desde la CEOE.

La asociación de las Escuelas Católicas de Aragón insiste en que no es comprensible que la Administración se plantee cerrar aulas en colegios concertados que han demostrado de sobras tener demanda y que, de hecho, están al completo. Por eso, desde esta organización subrayan que lo lógico sería renovar todos los conciertos existentes, no recortarlos.

Escuelas Católicas de Aragón agrupa a 90 colegios aragoneses, de los que 75 están en Zaragoza capital. Pero es solo una parte del sector regional de la enseñanza concertada, que en su conjunto suman 52.000 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria, y 4.000 profesores, informa Roberto Pérez.

El sesgo ideológico que la Junta de Andalucía imprime a la enseñanza en la comunidad, dando prioridad a los centros públicos laicos en detrimento de los concertados, la mayoría de ellos pertenecientes a congregaciones de la religión católica, ha inquietado este año a los más de 20.000 trabajadores de los 600 centros concertados andaluces . La Junta esgrime el argumento del descenso de la natalidad para cerrar alrededor de una treintena de unidades concertadas antes de iniciarse el proceso de escolarización.

La Consejería de Educación andaluza ha ordenado que ningún nuevo colegio sea objeto de convenio, y que en las localidades donde convivan las dos enseñanzas no se autoricen unidades concertadas que no sean necesarias para asegurar la escolarización, lo que conllevará el cierre de aulas, algunas de ellas de centros ubicados en zonas deprimidas.

Las comunidades escolares de los centros concertados andaluces vienen denunciando años atrás la existencia de una estrategia política tendente a lograr la paulatina desaparición de la enseñanza concertada. Los padres en reiterados manifiestos entregados a la administración y al defensor del pueblo defienden la coexistencia de un modelo de enseñanza pública y un modelo concertado “que garantice la posibilidad de ejercer nuestro derecho a elegir. No hay libertad si no hay opciones», porque los conciertos educativos «no son un privilegio, sino un derecho que garantiza que podamos escoger», informa Juan José Borrero Gómez.

El pasado lunes, PSOE y PP sumaron sus votos a favor de la educación concertada en las Cortes de Castilla-La Mancha, al rechazar la enmienda a los Presupuestos presentada por Podemos, que planteaba recortar en más de 5,9 millones el apoyo económico regional a los conciertos educativos. Ambas formaciones también se aliaron contra la reducción del número de horas de la asignatura de Religión a la mitad (adaptándolo a lo mínimo recogido en la Lomce), que también pedía la formación morada.

En concreto, la enmienda de Podemos rechazada en el seno de la Comisión de Economía y Presupuestos planteaba detraer una partida de 5.907.262 euros del programa de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial destinada a los conciertos educativos , para pasarla -dividida en dos conceptos en ese mismo programa por valor de 2.907.262 euros y 3 millones, respectivamente- a edificios y construcciones. La enmienda planteaba esta modificación de las partidas presupuestarias señalando que supondría un refuerzo en las inversiones de nuevas construcciones y la mejora de edificios de la red pública regional de Educación Infantil y Primaria, informa María José Muñoz García.

En Baleares, los integrantes del tripartito que preside la socialista Francina Armengol mantienen posiciones discrepantes sobre el futuro de la escuela concertada. Así, el PSOE es partidario de mantener la actual situación de coexistencia de un sistema público y otro concertado, que aglutina en torno al 40 por ciento de los estudiantes del Archipiélago. De hecho, el pasado mes de enero, el consejero de Educación, el socialista Martí March, aprobó ya el nuevo decreto que regula los conciertos educativos en Baleares, que entre otras medidas amplía de cuatro a seis años la concertación.

De ese modo, los docentes afectados saben que durante un lustro no habrá ningún cambio, gobierne quien gobierne. Por lo que respecta a la coalición econacionalista MÉS y a Podemos, los primeros no se han pronunciado abiertamente en un sentido o en otro con respecto al futuro de la concertada, mientras que la formación morada ha expresado ya en diversas ocasiones su propósito de acabar con el actual sistema educativo dual, informa Josep María Aguiló.

El Gobierno vasco, regido en coalición por PNV y PSE, ha defendido hasta el momento que las cuotas en los colegios sean voluntarias y siempre para servicios complementarios como actividades extraescolares. Según advirtió la consejera de Educación, Cristina Uriarte, el objetivo del Ejecutivo autonómico es el de crear una «oferta equilibrada» entre los centros públicos y los concertados, principalmente como una medida para evitar la «segregación» de los alumnos extranjeros.

«La normativa vigente establece que los centros que tengan conciertos educativos tendrán que impartir sus enseñanzas de forma totalmente gratuita, y eso es lo que nosotros reclamamos», aseguró.

De hecho, la educación concertada aglutina a cerca de la mitad de los estudiantes de la Comunidad Autónoma vasca , lo cual la convierte en una excepción en el territorio español, donde predomina la pública.

El acuerdo que alcanzaron PP y Gobierno vasco hace dos semanas también hace referencia a la inversión en la educación concertada. En concreto, el proyecto, que será aprobado el próximo 11 de abril, incluye para dicho plan una partida cercana a los 700 millones de euros. Una medida que fue duramente criticada por la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública Vasca (EHIGE), que a mediados de mes convocó una manifestación para protestar ante el hecho de que el Ejecutivo de PNV y PSE no haya hecho una apuesta «clara» en favor de la enseñanza pública, informa Adrián Mateos.