Asesores lingüísticos contratados «a dedo» para adoctrinar en valenciano

El nombramiento de asesores lingüísticos a dedo, la exigencia a los directores de centros para que ejerzan tareas de «vigilancia y aplicación de la normativa lingüística» y la intención de crear en 2018 una «Oficina de Derechos Lingüísticos», son los casos más recientes que ponen de manifiesto una política encaminada a arrinconar el castellano en los colegios valencianos.

Desde que socialistas y Compromías se hicieron con el Gobierno valenciano, la Consejería de Educación ha duplicado el número de los denominados asesores lingüísticos hasta la treintena, según han asegurado a ABC fuentes del sector. Ello coincide con la aprobación del polémico decreto del plurilingüismo. Durante el Gobierno del Partido Popular eran 16 los asesores con los que contaba este departamento. Una cifra que se redujo considerablemente después de 2012, como consecuencia de la crisis, ya que el complemento por ejercer esta función es de 383 euros.

Sin embargo, a día de hoy, hay 30 y el problema, según las denuncias del sector educativo, es que son nombrados «a dedo », sin convocatoria pública. Esta falta de control implica que se desconocen los criterios en base a los cuales se asignan estos puestos, por cuánto tiempo y ante quién tienen que «rendir cuentas. Se está trabajando desde la opacidad y lo que sí se sabe es que, cuando van a los centros escolares, insisten mucho en que cuanto más valenciano se imparta, mejor», subrayan a ABC las fuentes consultadas.

Los asesores lingüísticos son docentes asignados a determinados centros para realizar recomendaciones o propuestas, en teoría, sobre cómo se enseñan todas las lenguas. Pero la realidad, según las fuentes consultadas, «es que se c entran en el valenciano ». Dependen del Servicio de Enseñanza Plurilingüe, dentro del área de Política Lingüística.

Estos asesores son diferentes a los de los Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos para el profesorado, que sí acceden a su puesto con un concurso público y dependen del departamento de Formación del Profesorado. También tienen asignadas funciones relacionadas con el plurilingüismo.

Muchos centros se sorprenden que, «para un tema parecido, haya dos tipos de asesores distintos».

El Gobierno valenciano quiere utilizar a los directores para vigilar la aplicación de sus medidas de inmersión lingüística. Así lo exige en las resoluciones que se publican desde 2015 en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, para la renovación de los directores generales de centros y personal docente. En el anexo II, punto B, de 3 de noviembre, se recoge expresamente en el apartado denominado Proyecto de dirección que deben vigilar el «desarrollo y aplicación de la normativa lingüística».

La alerta sobre esta situación la han lanzado los propios directores de los colegios, que se han visto « sorprendidos por esta novedad y con un apartado especial en la convocatoria», señalan los afectados.

Anualmente hay dos convocatorias relacionadas con los directores. Una en noviembre o diciembre para la renovación de los cargos que hayan expirado después de cuatro años de vigencia; y otra en diciembre o enero para la selección de nuevos directores que tengan que cubrir plazas libres, bien por jubilación, traslados u otro tipo de incidencias.

En julio de 2017, la Consejería de Educación de la Generalitat dió carpetazo a la bolsa de trabajo de inspectores de educación que venía funcionando desde años y creó una nueva. El sector no entendió este cambio repentino , ya que este instrumento venía funcionando sin problemas como un mecanismo efectivo para cubrir los puestos de trabajo vacantes en esta materia. La anterior bolsa de trabajo estaba integrada, por una parte, por unas 50 personas procedentes de otra bolsa creada en 2012 cuando, con motivo de la crisis, no podían convocarse oposiciones . Por otra, se abastecía de aquellos que habían aprobado alguno de los ejercicios o, habiendo aprobado la totalidad de los mismos, no había plazas disponibles.

En la nueva bolsa s e han mantenido unos 15, pero han accedido otros trabajadores, que incluso han llegado a desplazar a los más antiguos a puestos más retrasados, con lo que supone de perjuicio a la hora de contar con méritos para conseguir una vacante .

Esta grave situación fue denunciada en su día por la Unión Sindical de Inspectores de Educación, que ha presentado un recurso judicial. Ahora está a la espera del pronunciamiento judicial sobre las medidas cautelares que se han solicitado. Quieren que se paralice la nueva bolsa y no entre en vigor.

Este sindicato ha asegurado a ABC que «nos pareció llamativo que la administración se cargue una bolsa que funciona bien y cree otra bolsa “ad hoc” ». Además, en su día afirmaron que este mecanismo incurre en «arbitrariedad y precariedad».

En los presupuestos para el próximo año, el Gobierno valenciano ha planteado la creación de un nuevo organismo: la Oficina de Derechos Lingüísticos y su registro. Se desconoce, hasta la fecha, cual será su presupuesto, sus funciones y qué objetivo se pretende con ella. Estaría adscrita a la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo para la promoción del valenciano.

El Ejecutivo autonómico de izquierdas ha conseguido que el parlamento valenciano tome en consideración una Proposición de Ley que, entre otras polémicas decisiones, quiere implantar un mínimo de un 25 por ciento de castellano en los centros.

Con esta medida quieren trasladar el modelo catalán a Valencia, lo que ha indignado al Grupo Popular, cuya portavoz de Educación, Beatriz Gasco, asegura que, «de un plumazo, se quieren equiparar 30 años de normalización lingüística en Cataluña con Valencia. En Cataluña la lengua es obligatoria, según su Estatuto de Autonomía, cosa que nuestro estatuto dice que es un derecho, pero no una obligación conocerla ».

Con el objetivo de que cada vez se hable más valenciano en los colegios, en los presupuestos de la comunidad para 2018 se asegura que el número de centros en los que se va a aplicar un programa lingüístico de enseñanza en el que la lengua base es el valenciano será de 1.256, doscientos más que las 1.059 que hay en la actualidad. Según la parlamentaria popular, unos cinco mil niños y niñas más realizarían gran parte de sus estudios en valenciano.

El acoso a los menores en los centros escolares por no estudiar la lengua de la comunidad se está extendiendo por Valencia, concretamente por la zona de la Vega Baja, en el municipio de Orihuela. La presidenta de la Federación de Apas Oropéndola-Orihuela, Yolanda Fernández, alertó sobre esta situación y denunció un caso en la clase de 20 de ESO en el IES Playa Flamenca de esta localidad.

La situación de « trato vejatorio y discriminatorio » contra los menores de 13 años se produjo en una clase de alumnos, cuyos padres han optado por la fórmula de « exento de valenciano ». En una transcripción, a la que ha tenido acceso ABC, una profesora le dice a un menor que « no saquéis tarea, porque si habéis elegido exentos de valenciano, será para no hacer nada, así que no podéis hacer deberes, solamente mirar la pizarra, con los brazos cruzados» . Fernández señala que «hay que empezar a frenar esto porque no se está respetando la libre elección».