Arranca el curso escolar con menos tasas, los exámenes de septiembre y un pacto en el aire

Los grandes sindicatos de la enseñanza coinciden en la necesidad de estabilizar el sistema educativo después del huracán de la Lomce a través de un gran pacto educativo que aúne las opiniones de todos los partidos. Los pasos para ello ya están dados: el curso pasado se aprobó la creación de una subcomisión en el Congreso que será la encargada de elaborar este pacto.

Por comunidades autónomas, el nuevo curso sí ofrecerá algunas novedades. Por ejemplo, Madrid, La Rioja y Castilla y León dirán adiós a los exámenes de septiembre en la ESO, Bachillerato o FP, tal como lo vienen haciendo desde hace años otras regiones. En cuanto a los estudios superiores, el curso que empieza se estrena con una reducción de las tasas universitarias para los másteres no habilitantes, es decir, aquellos no exigidos para desempeñar una profesión y que, por otro lado, son los más caros y los que mayor oferta tienen.

La Lomce ha estado envuelta en polémica desde su aprobación, en noviembre de 2013. Después de quedarse sin efecto algunas de sus principales medidas, la comunidad educativa exige un pacto educativo que sirva para dejar atrás la inestabilidad del curso anterior. El 2016-17 acabó con un acuerdo para crear un subcomisión en el Congreso que aborde esta petición. «El pacto debe ser político, social y territorial y es necesario alcanzarlo si queremos sacar a la educación de la confrontación ideológica permanente y dotar de estabilidad al sistema educativo», aseguró Nicolas Fernández Guisado, presidente del sindicato de la enseñanza pública, ANPE.

La concreción de este pacto dependerá de la capacidad política de generar consenso , aunque el panorama no es bueno. Y es que el pasado jueves, la secretaria de Educación del PSOE, Luz Martínez Seijo, predijo un «otoño calentito» y anunció que su partido presentará tres proposiciones de ley para evitar «la parálisis» del PP. Con ellas pretenden, entre otras cosas, acabar con la segregación por sexo en los centros de fondos públicos y quitar valor académico a la Religión.

Ante estas declaraciones, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que dicha manifestación transmite intranquilidad. « Hay consenso en torno a la necesidad política de un pacto por la educación; todos los grupos políticos estamos a favor de ello y espero que el PSOE también; si no, que nos lo diga, y si no, no le haré mucho caso», espetó el ministro. En declaraciones a ABC, el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, resaltó que la subcomisión del Congreso «ha ido escuchando a todos los agentes implicados desde el pasado mes de febrero». «Todos los participantes -continuó- han ido elaborando un diagnóstico del estado de la educación que nos permitirá seguir avanzando sobre una de las claves de nuestro presente y futuro, en el camino de la formación y preparación de los jóvenes, que son a quienes debemos el esfuerzo de la unidad y de la altura de miras para hacer una ley educativa perdurable y que aporte la estabilidad y calidad necesarias».

Varios sindicatos coinciden en la necesidad de cambiar de ley, aunque han criticado la falta de voluntad para un acuerdo : «Ahora nos toca ser pragmáticos y, si se cambia la Lomce, tiene que hacerse a través de un pacto . Si se quejan y a la vez impiden cualquier consenso, no llegaremos a ningún lado. Tenemos que arremangarnos», apuntó Mario Gutiérrez, presidente del sector de la Educación de la Central Sindical Independiente (CSIF).

Madrid, La Rioja y Castilla y León eliminarán el próximo curso la convocatoria extraordinaria de septiembre y la adelantarán a junio . Otras comunidades (País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria y Canarias) llevan años probando este sistema en algunos cursos. Este modelo se aplica en ESO, Bachillerato o FP, dependiendo de la autonomía.

En el caso de Castilla y León la medida se asumió, al igual que el resto, como una estrategia para que los alumnos se examinen con los contenidos más frescos y como forma de promover la formación continua. Además, también se prevé adelantar a julio la segunda prueba de acceso a la universidad, que tradicionalmente se celebraba en septiembre. El cambio respondió a una petición habitual de las universidades regionales ya que, con la implantación del Plan Bolonia, las clases en los campus arrancan antes (la mayoría a principios de septiembre) y los últimos alumnos se incorporan a las aulas en octubre, informa Miriam Antolín Retuerto . Madrid justificó su decisión de adelantar los exámenes en que los alumnos se matriculan con el curso ya empezado cuando tienen asignaturas suspensas en septiembre.

El pasado mes de abril, el secretario de Estado Marcial Marín anunció una bajada de las matrículas universitarias para los másteres no habilitantes, es decir, aquellos que no son exigidos para ejercer una profesión. Las comunidades tienen a partir de ese momento la puerta abierta para disminuir la horquilla de precio, igualándolas a los másteres habilitantes y a la de los grados. Hasta ahora, los alumnos de másteres no habilitantes pagaban tasas de entre el 40 y el 50%. Con esta medida, se pueden situar entre el 15 y el 50. Galicia mantendrá congeladas las tasas, tal como lo viene haciendo desde el curso 2011-12. El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo comunicó que la estabilidad continuará este próximo curso, informa Rocío Lizcano .

Castilla y León también congelará todas las tasas universitarias (incluidas las de los másteres no obligatorios). En los últimos ejercicios, la Junta decidió mantener los precios ya que son los terceros más elevados de España por detrás de Madrid y Cataluña. El Gobierno vasco, por su parte, tampoco alterará las tasas este próximo curso académico para que los alumnos «puedan acceder a estos estudios sin un incremento en su esfuerzo económico», informa Adrián Mateos .

Por su parte, la Comunidad Valenciana destinará 25,6 millones de euros en los próximos dos años para bajar las tasas universitarias. En el curso 2017-18, estas descenderán un 7% para grado y máster con una inversión de 8,5 millones de euros. Ya para el siguiente, la Generalitat inyectará el doble, 18 millones, para compensar un descuento del 15% entre los dos años, informa Rosana Belenguer Crespo . Además, los alumnos se beneficiarán de las becas salario. Estas ayudas son únicas en el Estado y contemplan el pago de hasta 600 euros al mes a los estudiantes beneficiarios durante cuatro años siempre que se superen los cursos.

Por otra parte, la comunidad educativa lleva tiempo reclamando tratar la situación del profesorado . Desde ANPE piden una ley de la profesión docente y un estatuto que la regule. Recuerdan al Ministerio que el curso pasado finalizó con el compromiso de convocar 150.000 plazas de empleo público para reducir en un 8% la tasa de interinos. «Se han perdido derechos, es necesaria una oferta de empleo pública amplia», coincide Gutiérrez, de CSIF. El responsable del gabinete de Estudios de Comisiones Obreras, Miguel Recio, apuntó a Efe, por su parte, que «este año vamos a perder de nuevo poder adquisitivo; seguimos con la sobrecarga de horas de trabajo que se impuso por la crisis y se mantienen altas tasas de profesores interinos».