Aprobado el dictamen de la «ley Celaá» que destierra el castellano e incluye a materia «Cultura de las religiones»

El dictamen, elaborado por la Ponencia de la Cámara Baja, contiene el texto original de la ley con todas las polémicas enmiendas que se han ido aprobado en las últimas semanas: la que ataca al castellano y lo elimina como lengua vehicular de la enseñanza y oficial del Estado ; la que elimina a la concertada como garante del derecho a la educación ; la que facilita la promoción de curso o la que se ha aprobado este viernes para incluir la asigntura de «Cultura de las religiones» para hacer frente a la Religión.

Cs intentó salvar de forma desesperada el castellano ofreciendo un acuerdo de mínimos al Gobierno: su vuelta al texto como lengua vehicular o su blindaje con la impartición en castellano «de al menos un 25 por 100 de la carga lectiva durante el horario escolar en todas las etapas, con independencia del modelo lingüístico que determine cada Comunidad Autónoma». Sin embargo, fuentes del Gobierno aseguraron a ABC que ya el jueves se había rechazado la propuesta .

Se trató una jornada maratoniana de más de 10 horas en las que se votaron más de 1.000 enmiendas (que son el total de presentadas al proyecto de ley educativo, Lomloe).

Estas enmiendas forman parte de un polémico texto que también quiere acabar con la educación especial con una disposición adicional (la cuarta) en el plazo de diez años (esto ya estaba en el texto original elaborado cuando el PSOE gobernaba en solitario). Este tema es el que más tensión generó durante todo el debate. «Voy a pelear hasta mi último aliento por quitar la disposción adicional cuarta», dijo la Sandra Moneo , del PP, visiblemente conmocionada por la cuestión. Joan Mena , de Podemos, le criticó un exceso de «gesticulación». «¿Quiénes son ustedes para decidir por una madre?», espetó Óscar Clavell , del Partido Popular recordando que Moneo hablaba como diputada, pero también como madre.

La diputada socialista, Mari Luz Martínez Seijo , le pidió a la oposición que «deje de manosear la Constitución generando un clima de sospecha sobre la viabilidad de la ley»; ley que el representante de Vox, Joaquín Robles , vio difícil de salvar ya que «no se puede limpiar una pared llena de estiércol», sentenció.

El texto (ya estaba en su redactado original) también permite obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa y ahora también flexibiliza la promoción de curso, a través de una enmienda pactada con Bildu, que permite los alumnos repetir como máximo dos veces a lo largo de toda la enseñanza obligatoria .

Los temas importantes se quedaron fuera de la norma mientras entran otros de dudosa relevancia. Ayer PSOE, Podemos aprobaron con ERC, BNG, Más País y JXC (por separado) una enmienda transaccional que promueve «conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros».

La enmienda añade también que los alumnos deben «respetar las diferencias , afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social».

Además, alude a la necesidad de « c onocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad . Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, constribuyendo a su conservación y mejora».

Los que sí recibieron cierto alivio fueron los inspectores. Se aprobó una enmienda pactada entre PSOE, Podemos y Cs que le otorga a los inspectores la exclusividad en «la evaluación de la función directiva de centros, servicios y programas». El único «peligro» es que el inspector no sea imparcial .

«Es una enmienda trasladada por la Unión sindical de inspectores de educación (USIE) a los grupos políticos. Es un avance notable en las atribuciones de la inspección. Devuelve la evaluación a los inspectores y la aleja de las polémicas agencias. Algo muy positivo ya que la certificación de legalidad la debe hacer una autoridad pública. Pero ese papel tiene que ser realizado por inspectores seleccionados con métodos transparentes y objetivos para poder trabajar con imparcialidad. De ahí la suma importancia de que el sistema de acceso al cuerpo se realice a través de pruebas medibles y rigurosas», opinó Javier Fernández Franco , de USIE.

El otro sector asfixiado por la ley es la concertada . Si ya el texto original eliminaba la demanda social, es decir, la referencia que hacía la Lomce a que la oferta de plazas tendría en cuenta lo que pedirían los padres. El texto enmendado va más allá y añade artículos como el 109.5 que señala que las «administraciones promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública».

Además, la redacción actual de los artículos 86 y 87 de la LOE, reformulados por la Lomloe, conceden atribuciones inmensas a las administraciones educativas y a las comisiones de escolarización, dependientes de aquellas, para que puedan adoptar las medidas que consideren necesarias en aras a conseguir una distribución equilibrada del alumnado con necesidades específicas, con determinados niveles socioeconómicos o tipificados en cualquier categoría que estime la administración .

En la práctica, esto supone un «cheque en blanco» para los poderes públicos, en contra del derecho fundamental de los padres a elegir el centro para sus hijos. De aplicarse, cada centro tendrá un límite mínimo de alumnos de la zona, de alumnos con necesidad educativa específica, de alumnos de renta familiar determinada, etc. Es decir, con el fin de evitar la supuesta «segregación escolar», se dinamita la elección de las familias . Todo ello es más grave, si cabe, teniendo en cuenta que todos los centros públicos y concertados ya aplican el mismo proceso de admisión de alumnos con unos mismos criterios. Los centros no pueden seleccionar a su alumnado y deben tramitar todas las solicitudes recibidas.

Pero el tema que generó más tensión en el debate fue la educación especial. «Voy a pelear hasta mi último aliento por la educación especial», dijo conmovida Sandra Moneo, del PP. Joan Mena, de Podemos, le criticó un exceso de «gesticulación».

El dictamen será votado nuevamente en el Pleno del Congreso la próxima semana, concretamente, el jueves 19 y no el 26 , como estaba planteado anteriormente (allí se le volverá a dar una oportunidad a las enmiendas rechazadas hasta el momento). Esto quiere decir que los grupos parlamentarios tendrán solo seis días (con el fin de semana en el medio) para analizar el dictamen del proyecto de ley educativa. El Pleno es el último paso en la Cámara Baja antes del salto de la norma al Senado.

La concertada se concentrará hoy en el Congreso en contra de la «ley Celaá» y entregará las más de 1.385.000 firmas que se han recogido para frenar su tramitación en el Congreso.

El sector se ha unido, junto a otras asociaciones, por ejemplo, de defensa de la educación especial, bajo la Plataforma Más Plurales. A través de la misma han organizado una serie de acciones para frenar la ley, si bien su portavoz, Jesús Muñoz de Priego, reconoció cuando se lanzó la campaña, el pasado 28 de octubre, que «esto resulta improbable pero nuestras miras son las máximas siempre».