Dos años de controversia y polémica

MILAGROS ASENJO I MADRID
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El fallo judicial llegaba tras dos años de controversia y polémica sobre la asignatura y de enfrentamientos más o menos subidos de tono entre partidarios y detractores de la asignatura y, más en concreto, de la objeción de conciencia como intrumento para no cursar las enseñanzas de una disciplina que es obligatoria por ley.

La batalla jurídica comenzó a principios de 2007 cuando se presentaron las primeras peticiones de objeción de conciencia. Ante la negativa de las administraciones correspondientes a tramitarlas e incluso frente a las amenazas que sufrieron algunos padres para que llevaran a sus hijos a clase, se abrió un proceso que ha deparado 1.700 recursos y 300 pronunciamientos judiciales.

Fuerte confrontación

Educación para Ciudadanía fue polémica desde que comenzó a diseñarse la Ley Orgánica de Educación (LOE) con la que nació. Nunca una asignatura había generado una confrontación tan fuerte como la que se está viviendo con esta materia, obligatoria en uno de los dos últimos cursos de Educación Primaria, en uno de los tres últimos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en 4º de este nivel y en 1º de Bachillerato. La disciplina se imparte con diferentes denominaciones: Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (2º ó 3º de ESO), Educación ético-cívica (4º de ESO) y Filosofía y Ciudadanía (Bachillerato). El próximo curso se extenderá a 5º ó 6º de Primaria, con lo que se universalizará su enseñanza.

La turbulencia desatada por la materia ha abierto una profunda brecha entre los partidarios y los opositores a ella. Los primeros la consideran necesaria para impartir valores, los segundos entienden que vulnera el derecho de los padres a adecuar a sus hijos según sus convicciones e invade cuestiones que pertenecen a la conciencia personal.

Los objetores de conciencia- poco más de 50.000 en toda España- basan su oposición a Ciudadanía en que el Estado no puede invadir la conciencia moral de los alumnos y en que constituye una intromisión en un terreno que pertenece a los padres. Entre otros aspectos, resaltan que sus contenidos están impregnados de la denominada filosofía del género, «con clara repercusión negativa en la familia». Consideran que la objeción de conciencia es un derecho constitucional y confían en que el TS así lo reconozca.

Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia, uno de los impulsores del movimiento objetor, ha mostrado su «absoluta confianza» en lo que pueda dictar el Supremo. «Esperamos con ansia -dice- ese pronunciamiento, que estamos seguros de que va ser comprometido con la libertad y los derechos constitucionales como los que nosotros defendemos», porque «tener miedo a los derechos y a la libertad es inadmisible en el siglo XXI».

Ante un eventual fallo en contra, los objetores presentarán «incidente de nulidad» ante el propio Tribunal Supremo y si éste mantiene su fallo llegarán al Constitucional (TC). En última instancia y en caso de sentencia negativa del TC acudirán al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. En cualquier caso, en todos los procedimientos pedirán para los objetores la suspensión cautelar de la obligatoriedad de asistir a clase de Educación para la Ciudadanía, tal como está sucediendo con las decisiones de algunos de los tribunales que se han pronunciado al respecto.

En este largo camino en defensa de la objeción, sus promotores denuncian las dificultades que han encontrado en la mayoría de los gobiernos regionales para defender lo que consideran sus derechos. Para los objetores, sólo la Rioja y Madrid los han atendido debidamente. Blanco y con él las más de treinta organizaciones que se oponen a la asignatura tal como está concebida, reivindica el derecho los padres a objetar y recuerda que han preferido utilizar la vía jurídica, porque «no somos ciudadanos rebeldes e insumisos», afirma.

Por su parte el Gobierno defiende la asignatura como una más del currículum, imprescindible para formar en valores, y pretexta que es una disciplina extendida en Europa. La Confederación Española de Madres y Padres de Alumnos (Ceapa) también la apoya y entiende que sus contenidos no vulneran derecho alguno de los padres. Coincide con Educación en que la escuela debe contar con una materia específica para transmitir valores y presentar a los alumnos la sociedad en que vivimos.

José Antonio Puerta, padre de una alumna de 3º de ESO que cursa la asignatura en un instituto público de Granada, asegura que ha revisado el temario y no encuentra ningún problema. No obstante, llama la atención sobre la necesidad de que el profesor «debe estar capacitado para darlo».

La opinión de los alumnos

Los alumnos, por su parte, se muestran mucho menos beligerantes que los padres y, en general, no muy críticos. Para Ana, a la que la gusta la asignatura, la clase tiene interés. «La profesora nos explica los temas y hacemos ejercicios sobre ellos». En el primer trimestre del curso, las cuestiones han versado sobre «Identidad y emociones y formas de familia, y sobre los derechos humanos». Juan, un alumno de 2º de ESO en un colegio privado de Madrid afirma que en clase hacen «debates sobre el botellón o derechos humanos» y después resumen las conclusiones.

Más críticas son las opiniones que muestra Luis, estudiante de Bachillerato en un colegio concertado. «Es una pérdida de tiempo y lo único que hace es restar horas a otras asignaturas más importantes». Mikel, alumno de 3º de ESO en un instituto público en Pamplona, califica de «un poco rollo» la materia aunque temas como la amistad, la participación o los derechos humanos «nos vienen bien».