La alta inspección educativa en Cataluña o cuando es el zorro el que vigila el gallinero

La supervisión del sistema educativo ha estado en manos de un cuerpo de inspectores gestionado por la Generalitat. La función de este cuerpo estatal se ha puesto en entredicho

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Durante años, la supervisión del sistema educativo catalán ha estado en manos de un cuerpo de inspectores gestionado por la Generalitat. La función de los miembros de este cuerpo estatal, evaluar y supervisar las escuelas e institutos catalanes para garantizar que se cumplan las leyes, ha estado en ocasiones en entredicho y los propios profesionales del cuerpo han denunciado que «no cuentan con la independencia necesaria para ejecutar su tarea con la necesaria autonomía y objetividad». Su propia estructura profesional lo dificulta.

En Cataluña, tal como denunció este diario en su edición del 19 de octubre de 2017, ocho de cada diez inspectores (el 80 por ciento) no ha accedido al puesto por un concurso de oposición sino que son funcionarios docentes seleccionados por el gobierno catalán en comisión de servicios. Son los denominados «inspectores accidentales», profesionales en régimen de interinidad renovados anualmente por la administración autonómica. Los aspirantes a inspector que no han optado a la plaza por concurso de oposiciones se someten a la evaluación de un tribunal, integrado por inspectores, que les someten, primero a un test, y después, si se supera esta primera fase, a una entrevista personal. Un año después, son evaluados de nuevo para confirmar o no su continuidad en el cargo.

Sindicatos docentes, asociaciones de inspectores y algunos partidos políticos como el PP catalán han denunciado reiteradamente esta situación. Acusan a la Generalitat de no convocar concurso de oposiciones durante casi dos décadas para «tener más control sobre este cuerpo profesional». Atribuyen a esta «limitación del cuerpo de inspección a la hora de actuar» el «reiterado incumplimiento de las sentencias lingüísticas que obligan a que el castellano sea lengua vehicular de enseñanza en las aulas» y «los crecientes ejemplos de adoctrinamiento en escuelas e institutos».

En plena tormenta política por las denuncias de manipulación ideológica en los libros de texto escolares, el Ministerio anunció su intención de reforzar la Alta Inspección en Cataluña, aunque todo quedó en gesto político. A finales de 2018, el consejero Josep Bargalló sorprendió con el anuncio de que va a crear un cuerpo propio de inspectores, tal como avanzó ABC en su edición del 29 de octubre de 218. Uno de los objetivos, según reconoció, que sea ese cuerpo y no el del Estado, el que controle que «se respeta el papel del catalán como lengua vehicular».

Bargalló no quiso dar más detalles sobre el nuevo ente que creará el Govern. Se limitó a avanzar que «estará constituido por líderes pedagógicos» y una de sus principales atribuciones será que estos profesionalesvelen por el cumplimiento de la inmersión en catalán.