Alertan de fallos al revisar los antecedentes penales de familias que acogen a escolares extranjeros en EE.UU.

ABC ha contactado con la agencia que asignó el matrimonio Leary a la madrileña Marta S. J. , CCI Greenheart , con sede en Chicago. «Estamos profundamente consternados por esta serie de hechos», afirma la vicepresidenta Megan McGaughey , que defiende el compromiso de CCI de «facilitar un entorno seguro y positivo» a cada estudiante. Según indica, se comprueban de forma independiente los antecedentes de las familias y se visitan los hogares, y los coordinadores locales se comunican de forma regular con los alumnos para comprobar que su experiencia cumple con las exigencias, pero se evaluará a fondo lo sucedido y los procedimientos.

El encargado de supervisar estos programas es el Departamento de Estado de EE.UU. Una portavoz indica que desde 2006 se aplican unos requisitos en la selección de familias y que recientemente se agregaron nuevas garantías. A partir de entonces, se ha actuado contra organizaciones que «no cumplieron con la debida diligencia» y no se tolera ningún «abuso ni mala conducta». Aunque la «tasa de incidencias» entre los casi 23.000 jóvenes que viajan cada año a EE.UU. con visa J-1 para estos intercambios es de menos de la mitad del 1%, admite que aún es «demasiado alta».

El Consejo de Estándares para Viajes Educativos Internacionales ( CSIET , por sus siglas en inglés) proporciona, además, apoyo a las agencias para «adoptar prácticas que protejan la seguridad de los estudiantes», explica el director ejecutivo, Christopher Page .

Por su parte, la Asociacion Española de Promotores de Cursos en el Extranjero ( Aseproce ), destaca que todos los alumnos van «con un visado especial, que solo facilitan las organizaciones reconocidas y designadas por el Departamento de Estado», señala la secretaria general, Marta Galea .

Pero hay quien cree que debe reforzarse la supervisión, como Danielle Grijalva , directora del Comité para la Seguridad de los Estudiantes de Intercambio , con sede en California. Según explica, hay más alumnos que familias disponibles y «muchas agencias están desesperadas por encontrar casas para estos inocentes estudiantes» y «los colocan en cualquier sitio». Además, sus agentes locales «no cumplen con su tarea de cuidar de su seguridad», denuncia.

Así mismo, tras el macabro caso de Miami, la red de escuelas públicas del condado de Miami-Dade ha pedido revisar los antecedentes «de forma mucho más rigurosa», incluyendo el control de huellas dactilares.