Superviviente del tiroteo en un instituto del sur de florida durante una protesta contra las armas en Worcester
Superviviente del tiroteo en un instituto del sur de florida durante una protesta contra las armas en Worcester - EFE

La administración Trump quiere usar fondos federales para armar a los profesores

El departamento de Educación cree haber encontrado un resquicio legal para permitir un gasto que históricamente el Gobierno y las leyes han prohibido

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Kim es profesora de matemáticas en un instituto de Virginia, el estado en el que se encuentra la sede de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en sus siglas en inglés). Profesora y madre de una alumna. Tiene formación militar, así que sabe cómo manejar armas automáticas como las utilizadas en algunas de las grandes masacres de la historia del país, también pistolas como las que se usaron en el peor tiroteo masivo en una universidad de Estados Unidos, el de Virginia Tech (33 muertos en abril de 2007), en el mismo estado en el que ella trabaja. Sin embargo, llevar armas en clase no entra en sus planes.

«Yo estoy aquí como profesora, esa es la profesión que he elegido. Protegería a mis estudiantes pero, aunque sepa cómo disparar un arma, porque he sido entrenada para ello, no es ese el papel que me gustaría asumir en este entorno», asegura a ABC. Frente a ella, uno no imaginaría que esta profesora de matemáticas, de baja estatura y mirada afable, hubiera portado alguna vez una automática.

Al contrario que su colega, Garrett, profesor de historia, jamás ha sujetado un arma entre sus manos. No se ve en esa tesitura. Es de los que piensa que un problema de armas «no se soluciona poniendo más armas en las manos de la gente». Apunta un daño colateral: la ruptura de la confianza creada entre profesor y alumno, un frágil ecosistema. «Cambiaría quien soy delante de la clase», advierte. «Podemos sentarnos aquí y hacer hipótesis una y otra vez sobre qué pasa si una persona hace esto o lo otro, pero no puedes prever todos los escenarios», aporta Kim sobre las medidas que se pueden tomar para mejorar la seguridad en las escuelas.

El debate se reavivó hace unos meses en Estados Unidos tras la masacre de Parkland (17 muertos) y se incendió con la reacción del presidente, Donald Trump, que en febrero, apenas días después del tiroteo, sugirió que algunos profesores pudieran trabajar armados. «Les ofreces una pequeña prima, de forma que, casi de manera gratuita, conviertes las escuelas en un objetivo más difícil», comentó. Ideas que la NRA, una de las principales donantes de la campaña presidencial de Trump, defiende con entusiasmo. E ideas que, tal y como adelantó «The New York Times», parece buscar poner en práctica la actual Secretaria de Educación, Betsy DeVos.

Según el periódico neoyorquino, DeVos está meditando permitir que los estados usen fondos federales para la compra de armas para profesores, un paso que, de llevarse a cabo, socavaría los esfuerzos del Congreso para restringir el uso de fondos federales para estos fines y daría la vuelta una posición gubernamental que viene de muy atrás en el tiempo.

En marzo, el Congreso aprobó un proyecto de ley sobre seguridad en las escuelas al que dotó con 50 millones de dólares anuales para los diferentes distritos escolares del país. Se bautizó como la STOP School Violence Act of 2018, y se votó en unos días en que las movilizaciones estudiantiles en pro de una mayor regulación del acceso a las armas impresionaron a Estados Unidos. Para decepción de muchos de ellos, la ley no dice nada sobre un mayor control de armas, pero sí establece la prohibición de comprarlas con este dinero.

¿Cómo pretende entonces el departamento de DeVos llevar adelante su propósito? A través de un posible resquicio legal que han detectado en un programa de subvenciones, el Student Support and Academic Enrichment (Apoyo Estudiantil y Enriquecimiento Académico), que no hace mención expresa a la compra de armas. El programa, dotado con un fondo de 1000 millones de dólares, está pensando como apoyo a las escuelas de las zonas más pobres de Estados Unidos y tiene tres objetivos: ofrecer una educación integral, mejorar las condiciones para el estudio en las escuelas y mejorar el uso de la tecnología para la alfabetización digital.

Betsy DeVos se agarra al concepto «mejorar las condiciones» de la escuela para colar por ahí la financiación de las pistolas para profesores, aunque originalmente este apartado hace referencia a la atención a la salud mental de los alumnos, la prevención del abandono escolar y otras medidas sobre sanciones disciplinarias. Irónicamente, la administración Trump ha tratado en varias ocasiones de deshacerse de este programa.