El aborto en Italia, en entredicho por la alta tasa de ginecólogos objetores

La petición, impulsada esta semana en Change.org y que ya suma más de 100.000 firmas, tiene «aún más sentido» después de que esta semana saliera a la luz que un médico de Nápoles se negó en julio a intervenir a una mujer en riesgo de muerte por un aborto espontáneo, un asunto que se zanjó con el despido del ginecólogo.

Desde 1978, la llamada Ley 194 permite a las mujeres abortar gratuitamente sin restricciones los primeros 90 días de embarazo y solo en caso de peligro para la madre o malformaciones del feto tras ese periodo.

Sin embargo, la legislación también ampara el derecho a la objeción de conciencia de los médicos o del personal sanitario que, por lo tanto, no están obligados a practicar abortos si no quieren.

Este es, precisamente, el principal escollo: si en 2005 los ginecólogos objetores representaban el 58,7 % en toda Italia, según datos del Ministerio de Salud, en 2016 ya eran el 70,9 %, aunque en regiones como Basilicata (sur) el porcentaje alcanza el 88,1%.

«¿Cómo se puede garantizar así el derecho al aborto? La solución es simplemente aplicar la ley», comentó a Efe la ginecóloga Silvana Agatone, una de las promotoras de la petición y presidenta de la Libre Asociación Italiana de Ginecólogos por la Aplicación de la Ley 194/78 (Laiga).

Asegura que «lo único que hay que hacer es aplicar completamente la ley, que dice que los hospitales deben ofrecer el aborto» y cree que la solución pasa por «establecer la presencia obligatoria de ginecólogos no objetores las 24 horas del día» y por « sancionar a los centros que no aseguren la plena asistencia».

Los últimos datos oficiales, de 2016, revelan que del total de 614 hospitales italianos, sólo en 371 (el 60,4 %) se podía abortar, una cobertura que según el informe del Ministerio de Salud, es «adecuada».

Para Agatone, la objeción de conciencia «provoca humillación y abandono de la paciente» y aboca a las mujeres al aborto clandestino.

«Pongo en cuestión los datos del ministerio, que dicen que en 2016 hubo 84.926 abortos , 2.713 menos que en 2015. No es cierto que haya menos abortos, sino que muchas mujeres se ven obligadas a hacerlo en la clandestinidad porque hay regiones donde es muy difícil encontrar un médico que quiera practicarlo», lamenta.

Las ginecólogas que firman la petición a Grillo ponen como ejemplo de la necesidad de actuar ante la muerte de una mujer de 32 años que falleció en 2016 en un hospital de Catania (Sicilia) después de que «12 médicos objetores se negaran a practicar un aborto de emergencia», aunque la Justicia aún está esclareciendo el caso.

Detrás de la llamada de estos colectivos feministas para aplicar la Ley 194 se engloba una reclamación mucho más amplia: «que no nos retiren los derechos que ya teníamos adquiridos las mujeres», admite Agatone.

«No podemos dejar que nos pasen por encima. No tememos que nos quiten el derecho al aborto, ya sabemos que quieren hacerlo», dice en referencia a lo que cree que son las intenciones del gobierno italiano, a pesar de que la ministra Grillo aseguró que no harían «ninguna revisión de la Ley 194».

Los miedos vienen, sobre todo, por iniciativas como las que aprobó en octubre la ciudad de Verona (norte), que se declaró provida y prometió fondos públicos a proyectos antiabortistas financiados por la Iglesia Católica y por entidades privadas.

Pero también desde el Vaticano, que tiene todavía una influencia notoria en Italia, con las recientes declaraciones del papa Francisco al comparar el aborto con quien contrata «un sicario para resolver un problema».