Los abogados de Baleares deberán utilizar «normalmente» el catalán en sus actuaciones

En lo esencial, esta nueva norma deriva casi literalmente de un primer decreto, aprobado por el popular Gabriel Cañellas en 1990, que ya regulaba el uso de las lenguas oficiales en la Administración . Las principales diferencias entre ambos decretos están relacionadas con el desarrollo actual de las comunicaciones mediante Internet y las redes sociales. Sólo en la pasada legislatura, con el popular José Ramón Bauzá como presidente, no estuvo en vigor ningún decreto vinculado al uso de las lenguas oficiales en las instituciones.

Si se comparan el decreto implantado en 1990 y el aprobado en 2018, se comprueba que el decreto puesto en marcha hace casi 30 años por Cañellas señalaba en su artículo 2, sobre el uso lingüístico general, que «de una manera general, la Administración de la Comunidad Autónoma tiene que emplear el catalán en sus relaciones ». Así, en el artículo 4.2 se indicaba, por ejemplo, que «los letrados de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares tienen que emplear normalmente el catalán en sus actuaciones ante los órganos judiciales radicados en las Islas Baleares».

El decreto impulsado meses atrás por la Consejería de Cultura, que dirige la ecosoberanista Fanny Tur, va también en esa misma línea. El artículo 3, sobre el uso lingüístico general, dice que «el catalán, como lengua propia de las Islas Baleares, lo es también de la Administración de la Comunidad Autónoma y, como tal, es la lengua de uso normal y general en sus actuaciones , sin perjuicio de los usos previstos para el castellano». Así, en el artículo 29.2 se indica, por ejemplo, que «los abogados y los representantes legales de la Administración utilizarán normalmente el catalán en sus actuaciones de carácter procesal ante los órganos judiciales radicados en las Islas Baleares o dentro del ámbito lingüístico catalán». Además, las comunicaciones dirigidas «a la Administración de Justicia» se realizarán igualmente en lengua catalana. Aun así, fuentes oficiales del Govern han señalado a ABC que el artículo 29 sólo afecta a los letrados de la Abogacía de la Comunidad y a los que trabajan en la Administración balear, por lo que no afectaría ni a abogados particulares, ni a fiscales ni a jueces.

La norma aprobada en 1990 por Cañellas también señalaba que las comunicaciones internas, los impresos y los rótulos debían estar escritos en catalán . Asimismo, debían redactarse también en dicha lengua los escritos entre las distintas instituciones o los destinados a la Administración de Justicia. En lo referente a las comunicaciones dirigidas a los ciudadanos «residentes en el ámbito lingüístico catalán», se tenían que hacer en catalán, sin perjuicio de que pudieran ser recibidas en castellano si así se solicitaba. Los avisos, las publicaciones y los registros debían ser también en lengua catalana. En cuanto al decreto aprobado hace un mes por el Ejecutivo de Armengol, mantiene esas exigencias idiomáticas y añade otras, por ejemplo en lo relativo a las contrataciones.

Cabe recordar, en ese contexto, que el Consejo Consultivo de las Islas Baleares —órgano superior de consulta de la Comunidad— emitió hace varias semanas un dictamen favorable al nuevo decreto , si bien recalcó que no debía suponer la imposición del uso preferente del catalán y la discriminación del castellano. Tal como publicó ABC en diciembre, el Consejo Consultivo señaló en las conclusiones de su informe que debían ser modificados varios artículos del decreto previsto , para que el texto se ajustase por completo a la legalidad vigente. Así, en el apartado referente a la publicidad institucional, se consideraba inadecuado el punto que señalaba que «si las versiones en las diferentes lenguas se publican de forma independiente, se tiene que prever que se haga una difusión más amplia de la versión original en catalán».

Por lo que respecta al artículo 11, dedicado a actos y acontecimientos, debía eliminarse el fragmento de dicho artículo que consideraba el castellano como una lengua de apoyo, ya que esa consideración implicaba «la primacía de una de las lenguas oficiales». Los cambios debían afectar también al artículo 15 del previsto decreto, centrado en las notificaciones. En dicho artículo se establecía que los ciudadanos tenían el derecho a recibir las comunicaciones en castellano si lo pedían, cuando en realidad debería de ser « si han de ser atendidos en esta lengua ». Por lo que respecta al artículo 20, referido a las publicaciones, en el borrador del decreto se indicaba que «se ha de prever que se haga una difusión más amplia de la versión original en catalán», lo cual suponía para el Consejo Consultivo una discriminación de la otra lengua oficial de Baleares.

En los apartados referidos a las contrataciones, el Consejo Consultivo recalcaba que no era aceptable la inclusión de «ninguna cláusula que obligue a los contratistas al uso del catalán en la relación con la Administración». Además, los contratos debían de poder ser redactados en castellano, no sólo en catalán. El citado órgano de consulta recordaba finalmente que cuando un convenio se firmase con alguna institución de fuera de Baleares, debería estar escrito también en castellano. Además, las comunicaciones oficiales con otras autonomías deberían ser traducidas a dicho idioma.

Las distintas recomendaciones hechas por el Consejo Consultivo hace un mes fueron atendidas sólo parcialmente por el Govern antes de la aprobación definitiva del decreto. Así, en el artículo 15 se mantuvo finalmente que los ciudadanos recibirán las notificaciones en castellano sólo «si lo solicitan». Además, cabe recordar que el dictamen emitido por el Consejo Consultivo contaba con un voto particular de uno de sus 10 consejeros, al que se sumaron dos miembros más. En el voto particular se cuestionó que el decreto estableciera «un uso preferente de la lengua catalana sobre la lengua castellana», cuyo uso equiparaba «a una lengua extranjera» y también se criticó que se utilizase en repetidas ocasiones la expresión «territorios del ámbito lingüístico catalán», expresión que sería «inconstitucional» y «contraria a la normativa básica del Estado».

Por su parte, la coalición Actúa-Vox ha emitido este miércoles un comunicado en el que critica con dureza el nuevo decreto . El líder de la citada coalición en Baleares, Jorge Campos, ha afirmado que «este decreto, aprobado en fiestas navideñas para pasar desapercibido, demuestra hasta qué punto llega el fanatismo catalanista de Armengol». Para Campos, «pretende imponer el catalán hasta en la Administración de Justicia, donde la Autonomía no tiene competencias transferidas» y «obliga a los abogados a presentar todas las actuaciones en catalán habiendo multitud de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia que vienen de otras partes de España».

El nuevo decreto ha sido criticado también por el portavoz de Cs en el Parlamento regional, Xavier Pericay. «El Govern balear está logrando con sus políticas identitarias la progresiva desafección de buena parte de los servidores públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma», ha afirmado, para añadir: «Ya sólo faltaba que, después de lo de la sanidad, la imposición del catalán se trasladara a las relaciones con los órganos judiciales». Para Pericay, «a este paso nadie querrá venir a Baleares a trabajar en la función pública». Por último, ha denunciado que «con la excusa de atender a los derechos de todos los ciudadanos, el Govern balear pisotea sistemáticamente los de aquellos servidores públicos que desean usar el castellano en el ejercicio de sus funciones». Pericay ha anunciado que «desde Cs vamos a llevar este asunto al Congreso de los Diputados, para saber qué piensa hacer el Gobierno central ante semejante atropello».

En ese contexto, la consejera de Cultura del Gobierno balear ha señalado, en declaraciones a ABC, que «es absolutamente falso que el Govern haya impuesto ahora el catalán en la Administración de Justicia, sobre la cual no tenemos además competencias». En esa misma línea, Tur ha dicho que tanto los funcionarios judiciales como los abogados podrán seguir expresándose «en castellano o en catalán» en los procesos judiciales. «Lo único que hemos hecho ahora es recuperar un decreto aprobado en 1990 por el Partido Popular, para regular el uso de las dos lenguas oficiales en la Administración en Baleares», ha concluido Tur.