El abogado de La Manada compara las penas de sus defendidos con los de la Gürtel o Urdangarín para pedir su libertad

Además, el abogado considera que ni existe riesgo de fuga ni de reiteración delictiva , dos de las razones a las que aludía el auto de denegación de libertad emitido por la Audiencia de Navarra para mantener la prisión para los cinco acusados el pasado mes de julio.

Explica que las altas penas que se solicitaban para los acusados y que suponía el riesgo de fuga, han quedado «diluidas» porque no se les condenó por ninguno de los tres delitos de los que se les acusaba y la sentencia se redujo «en primera instancia a nueve años». «Indicios racionales de criminalidad que han devenido en erróneos y que están aún sometidos a cuando menos a la resolución de dos tribunales», explica Becerra en alusión a los dos recursos que todavía quedan, el presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el que previsiblemente se presentará en el Supremo una vez que se resuelva el primero. Dado que la pena es «muy inferior a la solicitada», el escrito considera que « el riesgo de fuga no puede ser tan elevado ».

Becerra también apunta a que «no existe ningún elemento objetivo ni subjetivo que nos lleve a pensar que pudiera volver a producirse la supuesta reiteración delictiva», entre otras cosas porque, según el recurso de apelación presentado la semana pasada, los inculpados pensaban que mantuvieron unas relaciones sexuales consentidas.

El abogado de los condenados recuerda que en la sentencia del pasado mes de abril hay un voto particular que los absolvía de todas las acusaciones y consideraba que debían ser puestos en libertad de forma inmediata. Precisamente en este voto particular se basaba el recurso contra la sentencia interpuesto en el TSJN, por lo que el escrito apunta a que «más pronto que tarde se dictará resolución absolutoria» para sus patrocinados y resultará «evidente la injusta situación personal en la que se encuentran, que obviamente no puede extender más en el tiempo”.

Por ello, pide que el tribunal no se deje llevar por la trascendencia pública que ha rodeado el caso, que «ha ido mucho más allá de cualquier lógica natural en derecho». Pide que la solicitud de libertad no se mire a la luz de «aquellos grupos de presión que desde el comienzo del presente procedimiento han dejado claro que solo aceptarían una resolución que fuese en consonancia con las peticiones puestas de manifiesto por las acusaciones, despreciando la realidad probatoria puesta de manifiesto en el juicio oral».