Un 85% de las víctimas por ahogamiento murieron en un espacio sin vigilancia

Isabel García, vicepresidenta del Comité Olímpico Español (COE) y presidenta de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), define la situación española como «muy grave» y ha explicado que el número de víctimas podría haber sido menor si existiera una legislación estatal básica que regulase la seguridad acuática.

Según el Informe Nacional de Ahogamientos (INA) , elaborado por RFESS, el año pasado murieron 373 personas en espacios acuáticos españoles, un descenso de 108 víctimas respecto al año anterior. La Organización Mundial de la Salud afirma que 372.000 personas son víctimas mortales por ahogamiento cada año en el mundo, lo que supone un 7% del total de las causas de muerte .

Las comunidades en las que más accidentes que resultaron mortales fueron Canarias (281), Andalucía (261) y Galicia (217). Otras comunidades como Cataluña (172), Islas Baleares (141) y la Comunidad Valenciana (190) también tienen un índice de muertes «preocupante», según Pino -coordinadora de la Comisión de Prevención y Seguridad y responsable del estudio-. Asturias (38), Cantabria (50), País Vasco (58) y Murcia (60) se encuentran en una mejor posición.

Un 85% de las víctimas murieron en un espacio sin vigilancia , ya que no en todas las playas hay socorristas. Además, «esta figura no tiene autoridad y solo puede recomendar a los bañistas lo que deben hacer. Solo si no acatan la recomendación, pueden llamar a los cuerpos de seguridad del estado», aclara la responsable, que demanda que los vigilantes tengan más poder.

Otro de los cambios que piden es sobre los exámenes para obtener los títulos correspondientes. «En Galicia, por ejemplo, no se cubren los puestos de socorristas por las pruebas tan exigentes que hay que pasar. Como no mucha gente las supera, al final terminan cogiendo a personas que se han sacado el título a través de internet», explica Pino. Desde la RFESS proponen endurecer estos exámenes, pero no llegar hasta ese punto.

A esto se le suma el coste de los cursos para la preparación de las pruebas : más de 1.000 euros. Una cantidad que «la gente no está dispuesta a pagar por una formación que le va a permitir trabajar solo 3 meses al año», explica la coordinadora.

El de este año es el primer descenso desde 2015, ejercicio en el que comenzaron a contabilizar las muertes por ahogamiento. Achacan esta caída a las temperaturas, que el año pasado bajaron considerablemente respecto a ejercicios anteriores, lo que provoca que los usuarios no vayan tanto a las playas, piscinas y espacios acuáticos. «A menor exposición, menor riesgo» , explica Jessica Pino. Además, la disminución de muertes por ahogamientos coincide también coincide con el lanzamiento de la campaña Stop Ahogados en 2016.

En cuanto al perfil del ahogado , señalan que se trata de un varón adulto de más de 65 años y de nacionalidad española.

Para la elaboración de este informe, la RFESS se ha basado en los casos publicados en la prensa ya que no disponen de datos oficiales. Aun así, «es bastante preciso porque dista muy poco de los resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadística», afirma Pino. Las cifras autorizadas «llegan tarde», según la responsable, ya que ofrecen las cifras de las muertes ocurridas en los dos años anteriores.

Isabel García lamenta que en varias reuniones con algunos grupos políticos le hayan dicho que en la RFESS son «alarmistas y que la situación no es tan grave». «Muchas de estas muertes podrían evitarse si existiera una legislación estatal básica que regulase la seguridad acuática y que pusiese un poco de orden en el batiburrillo que supone la regulación de las comunidades autónomas», ha señalado. Según la presidenta, en España hay una ausencia de señalización de zonas de peligro por no afectar a la imagen turística del municipio».