En 35 años, por cada 10 personas en edad de trabajar, habrá seis pensionistas

Los últimos datos demográficos señalan que en España, dentro de 40 años, habrá 15 millones de personas que tendrán más de 64 años y de éstas, el 40% superará los 80 años de edad. Estas cifras ponen de relieve que los mayores serán en unos años el grupo poblacional más importante y, por lo tanto, un colectivo a tener muy en cuenta por parte de todos los agentes sociales, desde las empresas de servicios, a las de gran consumo, pasando por las administraciones públicas.

La Fundación Edad&Vida ha analizado de esta manera las proyecciones que la agencia de calificación Standard&Poor’s ha hecho recientemente en relación al impacto que el cambio demográfico y el envejecimiento de la población tendrán sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y el gasto público en general.

Según el informe publicado por la proporción de pensionistas con respecto a la población activa aumentará paulatinamente hasta más que duplicar la cifra actual en 2050. Esto significa que, dentro de 35 años, por cada 10 personas en edad de trabajar, habrá seis pensionistas.

Ante estas dramáticas previsiones a corto y medio plazo, la Fundación Edad&Vida ha pedido al Gobierno y al resto de administraciones públicas que reflexionen sobre cómo deben financiarse las necesidades de las personas mayores.

Desde la entidad explican que en España nunca se ha llevado a cabo una reforma de carácter estructural, que permita, de forma definitiva y estable, garantizar la capacidad económica de las personas mayores ante la realidad que supone el cambio demográfico y el progresivo envejecimiento de la población.

En su opinión, el cambio demográfico y especialmente el envejecimiento de la población ejercen una presión importante sobre los sistemas públicos de pensiones, abriendo una brecha entre los ingresos de las instituciones que tienen a su cargo la protección de las personas mayores y los pagos que deben llevar a cabo, ahora y, sobre todo, en el futuro.

En este contexto, la Fundación Edad&Vida ha advertido de que la escasez de recursos está haciendo que los ciudadanos deban contribuir progresivamente a financiar los servicios de garantía pública y empiecen a pagar por productos y servicios que hasta ahora gozaban de financiación pública.

Es por ello que aboga por mejorar el tratamiento fiscal de los planes de pensiones como el cauce más adecuado para fomentar el ahorro privado de los ciudadanos de cara a su jubilación con el fin de complementar la pensión pública y garantizar el poder adquisitivo de los ciudadanos en el momento en que abandonan el mercado laboral.

La entidad considera necesario fomentar un cambio de actitud de los ciudadanos hacia el ahorro y la planificación de su jubilación, de modo que adopten una mayor responsabilidad a la hora de garantizar sus ingresos en el futuro.