Cada una de las 400 españolas implantadas con prótesis mamarias ilegales en Francia recibirá 5.000 euros

El reconocimiento del Alto Tribunal galo abre la puerta a indemnizaciones que irán desde los 5.000 euros, para todas aquellas personas que no sufrieron efectos secundarios, hasta el monto total al que hayan ascendido las consecuencias de implantarles unas próstesis fabricadas con silicona industrial.

En declaraciones del director del despacho de abogados BCVLex, Carlos Villacorta, «se trata de una muy buena noticia por el reconocimiento del daño que han infligido a miles de mujeres que confiaron en un sistema de controles que falló y que permitió que le implantaran unas prótesis que ponían en serio riesgo su salud. No puedo imaginar la angustia que han debido pasar al conocer que llevaban dentro una bomba de relojería».

El escándalo se destapó en 2010, cuando se supo que la empresa francesa Poly Implant Prothèse (PIP) fabricaba y comercializaba desde el año 2002 implantes mamarios fabricados gel de silicona «casero», hecha a base de silicona industrial en lugar de la silicona autorizada para los productos médicos, denominada Nusil.

Tras descubrirse el fraude de PIP, miles de usuarias interpusieron demandas ante diversos tribunales solicitando una indemnización contra el fabricante PIP, sus aseguradores y contra TUV Rheinland France y TUV Rheinland LGA, que participaban desde 1997 como organismos de certificación de dichas prótesis por no cumplir las normas sanitarias.

Las primeras demandas se interpusieron en 2014, y desde entonces varios tribunales de apelación se han pronunciado sobre la responsabilidad de los organismos certificadores. Estas sentencias han sido recurridas ante el Tribunal Supremo tanto por las dos empresas como por los demandantes.

En este sentido, el Tribunal de Casación acaba de confirmar la responsabilidad de las sociedades TUV, indicando entre otras cosas que «TÜV Rheinland (..) incumplió sus obligaciones de control, prudencia y vigilancia en el ejercicio de su misión profesional, [y] la responsabilidad profesional de TÜV Rheinland France está probada«.

El más Alto Tribunal del país ha revocado parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de París el 20 de mayo de 2021, que había fijado una limitación de responsabilidad que abarcaba el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2006 y el 6 de abril de 2010. Además, ha revocado en su totalidad la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de Versalles el 14 de enero de 2021, que había negado cualquier responsabilidad por parte de los organismos de certificación.

Estas decisiones son importantes para todas las acciones en curso y para los 40.000 usuarios de prótesis PIP de todo el mundo que esperan recibir una indemnización por sus pérdidas.

egún los letrados, aunque la batalla judicial no ha terminado, estas resoluciones de la más alta jurisdicción francesa allana significativamente el camino para que las víctimas, esencialmente mujeres de todo el mundo portadores de las prótesis defectuosas, sean adecuadamente compensadas por los perjuicios sufridos como consecuencia del fraude y de la falta de supervisión de las entidades encargadas del control de calidad de dichos productos.

Las víctimas dieron su testimonio durante el juicio celebrado en Marsella y que comenzó en el año 2013 de los efectos indeseados de esas prótesis con relatos estremecedores.

Las empresas TUV llevaron a cabo su certificación de las prótesis rellenas de silicona IMGHC a partir de abril de 2001. En consecuencia, las personas con implantes fabricados en 2001 y años anteriores no son portadoras de implantes defectuosos.