«De los 300 niños españoles que se han llevado a Rusia muchos corren el riesgo de ser alistados por Putin»

Javier Somoza, presidente de la Asociación Niños sin Derechos (Nisde), ha peleado por dar publicidad a los datos de sustracciones parentales. «Es como un cáncer sobre el que trabajas a ciegas, sin saber qué tumor es», lamenta y agradece la transparencia

Interior publica los datos de sustracciones parentales que Igualdad tapó tres años

Javier Somoza, presidente de la Asociación Niños Sin Derechos (Nisde) abc

Javier Somoza preside desde hace siete años la Asociación Niños Sin Derechos (Nisde), la entidad que más ha bregado para conseguir dinamitar la opacidad que ha envuelto en la última legislatura a las sustracciones de menores, sobre todo cuando son los progenitores ... quienes se los llevan como arma arrojadiza en un proceso de separación, guarda y custodia o regreso a los orígenes sin pensar en la expareja.

Durante la conversación con ABC, Somoza repite casi hasta la saciedad que en su asociación no culpabilizan a las mujeres, no piden diferenciación de sexos, e, incluso, si esta era la traba para publicar los datos, se ofrecieron a la renuncia de esta parcela de información con tal de que viesen la luz. Se resiste, pero tampoco oculta que más de nueve de cada diez casos que llegan a su asociación tienen a mujeres como sustractoras. Por eso, en Nisde escamó tanto la reversión que lanzó al aire Irene Montero sobre «madres protectoras». «Nos hizo muchísimo daño», dice.

Desde Nisde insisten en que la denuncia por sustracción no es igual a denunciar por desaparición. ¿Por qué?

Nosotros recomendamos a los progenitores que acuden a nuestra asociación que se pongan las dos denuncias, es nuestro gran caballo de batalla. En primer lugar, por la diferencia estadística, no se computan de igual modo las denuncias que interpone alguien por sustracción parental de un menor (acusando implícitamente al otro progenitor), que por desaparición de un menor. Y, en segundo lugar, porque unas de las mayores dificultades que tenemos es hacerle entender al agente de la comisaría a la que nos dirigimos para denunciar que el niño en cuestión «no ha desaparecido», que «ha sido sustraído». Así que muchas personas optan por ir directamente al juzgado a denunciar. Cuando se llevan al hijo y la otra parte da señales de vida, de que ellos o ellas tienen al niño, se deja de investigar si la denuncia solo se ha interpuesto como desaparición. Hay una gran confusión.

«Esto no va de ideologías ni de sexos. Conocer la realidad del problema es clave para diagnosticarlo y prevenirlo»

¿A qué se debe ese gran incremento de denuncias que refleja por ejemplo el Poder Judicial de año a año?

Eso queremos saber nosotros. Y pedimos explicaciones, porque en la reunión del pasado viernes sí se nos explicó que el decalaje entre las cifras del CNDES y el Poder Judicial obedece a si son casos resueltos, o sobre los que no se tiene ni localizado el menor. Es decir, sustraídos o sustraídos-desaparecidos. Los 428 casos del último año son aquellos sobre los que no se sabe nada.

¿400 niños sobre los que no se sabe ni dónde están ellos ni las madres?

No, nada. Lo último que se supo de ellos es la denuncia que pone el progenitor. Por ejemplo, ahora nos encontramos con un problema muy grande los 300 padres que tenemos hijos en Rusia, porque allí se los llevaron sus madres, como mi exmujer desde 1995. No sabemos si los que están en edad han sido llamados por Putin al servicio militar para engrosar las listas de reclutados para la guerra en Ucrania. Es desolador.

«No se puede llamar madres protectoras a mujeres enfermas de puro odio»

¿Y por qué cree que no se había publicado que hubo 428 casos en 2022?

¡Es que son muchos más casos! Nosotros venimos denunciando la opacidad que hay en este asunto en España. Si se quiere actuar de forma preventiva con este problema, hay que publicar dónde se da este delito, por comunidades, qué rango de edad tienen los menores, su probable destino o lugar de procedencia del otro progenitor, porque como le decía con el caso de Rusia, hay mucha diferencia entre países firmantes del Convenio de La Haya de 1980 y aquellos que no lo son. Pero dentro de los firmantes, el Este de Europa o Iberoamérica son casos recurrentes, porque yo diría que aquí hasta los abuelos son los instigadores del delito. Imagínese por ejemplo una señora que viene de Kazajstán, que no es un país firmante de la Convención, se casa aquí, tiene hijos y con el tiempo la relación se rompe. En un país que no es el suyo, sin arraigo ni independencia económica. Sus parientes les animan a que vuelvan con ellos pese a la legislación española. Aun así el equipo del CNDES ha publicado la cifra y la evolución respecto a los últimos años. Pero no se desgrana nada más. Pues bien, son muchos más, en Nisde tenemos 14-15 casos por semana.

¿Se ha tapado por ideología?

Desde Nisde hace 7,5 años que hemos dicho que nos vamos a mantener al margen de cuestiones políticas. Y nos alejamos de la guerra de sexos. Queremos tener las cifras para trabajar en el diagnóstico; esto es como un cáncer sin decir qué tipo de cáncer es y trabajar con eso, a ciegas. Conocer la realidad del problema es clave para diagnosticarlo bien y prevenirlo.

No va de ideologías ni sexos, pero la ministra habló solo de madres...

Eso fue una barbaridad, que nos dolió mucho.Decir eso es tapar el sol con un dedo. No se puede llamar madres protectoras a mujeres enfermas de puro odio. Queremos recuperar a nuestros hijos.

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