Más de 28.000 personas han tenido problemas desde 2022 para acceder a la sanidad pública

Así, el III Informe sobre barreras de acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS), elaborado por Médicos del Mundo, constata que, desde 2022, 28.744 personas han sufrido alguna barrera que les ha dificultado o impedido el acceso al sistema sanitario. La organización ha documentado en ese período de 32 meses un total de 69.650 casos en los que se han encontrado barreras para ser atendidos en la sanidad pública, una media de 2,42 casos por persona. La práctica totalidad se da en inmigrantes.

La ineficacia de ese real decreto se pone de manifiesto también en el proyecto de ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud, aprobado recientemente en Consejo de Ministros y que se encuentra en tramitación en el Congreso, que menciona en su exposición de motivos que distintos colectivos, movimientos y organizaciones han puesto de manifiesto a través de informes «situaciones que muestran falta de homogeneidad en la aplicación de este real decreto-ley y que visualizan fisuras en el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS)».

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Elena Calvo

Según los datos que presenta ahora Médicos del Mundo, las barreras a las que se enfrentan las personas al solicitar atención sanitaria son discriminatorias, físicas, económicas, informativas y culturales. Las primeras las definen como aquellos requisitos legales o administrativos que dificultan el acceso al sistema sanitario público y que afectan únicamente a determinadas personas o colectivos, especialmente a aquellos más vulnerables y son las que más se documentan, con un total de 19.748 casos, el 40,84 por ciento.

El informe hace especial hincapié en los problemas para demostrar el empadronamiento, así como que la residencia en España es superior a tres meses, para ser atendidos en la sanidad pública. «Para muchas personas migrantes, sobre todo aquellas en situación de mayor vulnerabilidad social, puede resultar imposible empadronarse, bien por no contar con un documento identificativo en vigor, por vivir en alquileres informales, zonas de infravivienda o directamente tratarse de personas sin hogar», destaca el texto. Las barreras por no poder acreditar el tiempo de residencia afectan en su mayoría a los menores de edad y mujeres embarazadas, puntualiza.

También denuncia la organización que, aunque la legislación establece que las personas que no cumplan con este tiempo de residencia podrán acceder a la atención sanitaria con un informe favorable de servicios sociales, este es muchas veces imposible de conseguir. «En la práctica esta es una vía que se ha demostrado ciertamente inoperativa», alude, señalando el colapso de los servicios sociales y la imposibilidad en algunas comunidades de conseguir una cita con trabajo social.

En cuanto a las barreras físicas menciona el informe 6.534 casos en los que las personas no pueden ser atendidos por la sanidad por no contar con un centro sanitario a una distancia asumible desde su domicilio, por horarios de atención restringido o por dificultades de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Pero también el coste de los tratamientos influye en estas dificultades de acceso a la sanidad, insiste la organización. Se refiere así a la imposibilidad de algunas personas de costearse los medicamentos que necesitan o a las facturaciones en urgencias para personas extranjeras que no tienen su residencia en España.

El documento asegura en sus conclusiones que las barreras de acceso a la sanidad aumentan a medida que lo hace la vulnerabilidad de las personas y pone el foco en los inmigrantes que se encuentran en situación irregular. Además, señala varios casos concretos que se han encontrado con estas barreras: 130 casos de cáncer, 138 de enfermedades cardiovasculares, 265 casos de diabetes, 279 de hipertensión, 162 de VIH, 224 de salud mental grave, 82 de enfermedades respiratorias, 97 de enfermedades degenerativas o 43 casos en los que se ha negado el aborto.