La radiografía de la asistencia sanitaria a irregulares
La radiografía de la asistencia sanitaria a irregulares - abc

Los «sin papeles» deberán estar 6 meses empadronados para tener asistencia sanitaria

El Gobierno propone a las autonomías un modelo único de atención sin tarjeta sanitaria, con cobertura completa y un copago del 40% en medicinas

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El Ministerio de Sanidad ha propuesto este martes a las comunidades autónomas un modelo único de atención sanitaria para inmigrantes en situación irregular que prevé una asistencia completa, similar a la que reciben los ciudadanos con tarjeta sanitaria, pero sin ella. La llave para acceder al sistema sanitario será un documento específico al que tendrán derecho los «sin papeles», sin recursos, que lleven seis meses empadronados en España y se hayan identificado previamente en un registro que solo gestionará Sanidad, según ha podido saber ABC. A la información de esa base de datos no tendrán acceso ni los ministerios de Interior ni de Empleo.

El documento permitirá acceder al centro de salud (atención primaria) y si el médico de Familia lo considera a asistencia especializada, como sucede con los titulares de la tarjeta sanitaria. También se facilita el acceso a medicamentos con un copago del 40 por ciento, el baremo que se aplica a los ciudadanos con una renta inferior a 18.000 euros anuales. Este documento acreditativo solo sería válido en territorio nacional y no generaría derechos de asistencia en otros países de la Unión Europea con cargo a España.

La idea es que cada comunidad expida su documento acreditativo y se haga cargo de los cuidados de sus residentes. En caso de desplazamiento dentro del territorio español, será la comunidad que expida el documento quien se haga cargo de la factura.

Esta es la fórmula que se ha negociado hoy durante la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial de Salud, a la que no asistirán consejeros autonómicos sino cargos técnicos de sus departamentos. La propuesta, dada a conocer por el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, recoge las ideas que las propias comunidades autónomas esbozaron antes de las últimas elecciones autonómicas y municipales. Ahora se debe volver a negociar con los cambios de gobierno en el mapa autonómico.

Acreditar los ingresos mínimos

El documento de Sanidad, que tendrá validez de un año, establece que los inmigrantes irregulares deben demostrar «no disponer de recursos económicos suficientes ni tener ingresos superiores al Iprem» o renta mínima (532 euros al mes).

Además, deberán abonar el 40 % del precio de los medicamentos de venta en las farmacias y se facilitará el tratamiento farmacológico que se precise en los casos de hospitalización. Tampoco deben contar con un seguro médico ni ser beneficiarios de la Seguridad Social. A su vez, deberá presentar un documento que demuestre que no procede la exportación del derecho a la asistencia sanitaria, para ciudadanos de Estado del Espacio Económico (EEE), Suiza u otros países que mantengan acuerdos bilaterales con España.

Por otra parte, Moreno ha subrayado la importancia de la figura del «mediador o trabajador social», que será el encargado de emitir un informe individual acerca del arraigo social y circunstancias económicas del solicitante.

Reacciones

Durante la reunión de hoy, el Gobierno vasco ha reclamado la derogación del real decreto que suprimió la asistencia sanitaria a los «sin papeles» y ha rechazado la creación de este registro por considerarlo «discriminatorio, innecesario y falto de ética».

Andalucía, otra de las comunidades en contra de la propuesta, también ha reclamado la retirada de la reforma y ha asegurado que seguirá prestando asistencia sanitaria universal, como hasta ahora. Desde la Comunidad de Madrid, se ha insistido en que se debe dar atención sanitaria a todas las personas que lo necesiten «más allá de otras consideraciones» y se ha apostado por una solución conjunta para todas las comunidades en este asunto.

El responsable de Sanidad ha explicado que ningún estado miembro de la UE conoce exactamente el número de inmigrantes en situación irregular que hay en su territorio y ha cifrado en 244 millones de euros el coste de la atención sanitaria de las personas que ahora tienen esta cobertura: los casos de urgencias, embarazos, asistencia a menores y víctimas de trata.

Este lunes el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, pidió voluntad para llegar a un acuerdo. «Espero disposición de las comunidades para acordar, hacer las cosas juntos y hacerlo bien. No es tan importante que mañana (por hoy) se llegue a un acuerdo, pero sí que haya disposición para alcanzar un acuerdo», dijo Alonso en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre qué espera de la reunión. Tras esta cita, los Gobiernos regionales tendrán un tiempo para hacer alegaciones y refrendar un acuerdo.

Con la reforma sanitaria de 2012, se retiró la tarjeta sanitaria a todos los inmigrantes en situación irregular. Se pasó de una asistencia completa a una atención limitada a las Urgencias de los hospitales, salvo para los menores de edad y embarazadas que mantuvieron la cobertura médica total.

Algunas comunidades como Galicia, el País Vasco o Andalucía siguieron prestando asistencia sanitaria a estos ciudadanos. Tras las elecciones, a la insumisión se sumaron Baleares, Cantabria, Aragón, Comunidad Valenciana y Asturias.