García Page aprueba una zona de protección de aves para bloquear el almacén nuclear

El consejero de Agricultura del Gobierno castellano-manchego, Francisco Martínez Arroyo , ha informado en rueda de prensa este martes de que el inicio de este procedimiento «responde a una petición de mas de 50 entidades ecologistas, agrarias, sindicatos, ayuntamientos de la zona y partidos englobados en la Plataforma contra el Cementerio Nuclear ».

Martínez Arroyo ha indicado que este procedimiento es competencia del Gobierno regional y que el Gobierno central no podría «echarlo hacia atrás», añadiendo que la ampliación tiene « el visto bueno de la Comisión Europea ».

El consejero ha revelado que desde el Gobierno central sí se podría declarar la construcción del ATC como de interés nacional, lo que pondría al proyecto por encima de cualquier otra normativa, aunque ha asegurado que «lo más razonable sería que esto no sucediera».

El titular de Agricultura ha indicado que la Junta castellano-manchega «quiere posicionarse formalmente en contra del cementerio nuclear, que carece de cualquier consenso social ».

A su juicio, se trata de un proyecto «que está desfasado, no contempla la ampliación de la vida de las centrales nucleares de la región y los técnicos del CSN lo han calificado como desfavorable », tras lo que ha incidido en que Villar de Cañas «quedó en cuarto lugar» como aspirante a albergar la instalación.

«Sorprende que se tome esta decisión cuando se ha encargado a Enresa unos sondeos que tardarían ocho meses en realizarse, y una empresa contratada por el CSN ha dado tres informes negativos sobre la infraestructurA», ha aseverado.

Ha explicado que en esta zona a la que se quiere dar protección está incluida en el inventario de zonas con importancia para las aves , «reconocido por la UE y avalado por sentencias, y plantea la necesidad de ampliar zonas de Red Natura a estos espacios para las aves».

«Existen aves migratorias como las grullas esteparias, la avutarda y el sisón, y además humedales artificiales que hay que preservar, con aves acuáticas», ha aseverado.

Martínez Arroyo ha detallado que el proceso «no tiene un plazo determinado», y ahora hay que elaborar el plan de ordenación de los recursos naturales y enviarlo al Ministerio.

Martínez Arroyo ha puesto de manifiesto que los sobrecostes que se pueden originar «por una mala gestión sobre el emplazamiento» podrían llegar a los 200 millones de euros, «dinero que si se usara para el Plan de Empleo regional de la Junta podría crear 250.000 puestos de trabajo en una región donde el paro está en 270.000».

Por otro lado, ha emplazado al ministro de Industria, José Manuel Soria , a que «aplique la misma voluntad política que está demostrando con el ATC con el asunto de Elcogas , porque así se llegaría a una solución muy temprana».