Guerra a las residencias irregulares de mayores

La tragedia de la residencia Santa Fe de Zaragoza , el geriátrico privado incendiado intencionadamente por una interna con desequilibrios mentales y en el que perdieron la vida ocho ancianos el pasado fin de semana, ha evidenciado debilidades en la normativa autonómica sobre centros de tercera edad y, sobre todo, en su interpretación y aplicación práctica. Tras la tragedia se ha destapado que la residencia en cuestión llevaba tres años con un expediente abierto por deficiencias. Según las actas de la inspección, se trataba de carencias de carácter leve . Nunca se consideró oportuno ordenar el cierre del geriátrico, pero la cuestión ha acabado teniendo derivaciones políticas.

El PSOE, ahora en el Gobierno regional, dice que esa residencia debería haberse cerrado. El PP pide que se respete el criterio técnico de los inspectores y recuerda que, cuando llegaron al Ejecutivo aragonés, se encontraron con 25 expedientes por deficiencias graves abiertos hacía años que habían quedado olvidados.

El Ejecutivo de Rudi decidió una inspección general de las 300 residencias públicas y privadas de Aragón , que condujo al cierre de más de diez. Ahora el Gobierno socialista anuncia otro plan general de inspección, mientras el Ayuntamiento de Zaragoza dice que también hará lo mismo con los geriátricos de la capital aragonesa.

Las normas se superponen. Interviene no solo la reglamentación autonómica, sino también la disciplina urbanística. Además, la normativa regional data de 1992 y han surgido voces que piden su revisión por considerarla desfasada. Por ejemplo, en lo relativo al personal que debe tener en todo momento un geriátrico. En la residencia Santa Fe, el sábado 11 por la noche h abía una sola cuidadora para 19 ancianos. Cumplía la ratio exigida. Ahora se habla de la necesidad de elevarla, por entender que esos mínimos son escasos.

El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, insiste en que «el problema no es la falta de normativa o una normativa adecuada, sino una adecuada inspección de estos centros , y sobre todo agilidad y decisión a la hora de determinar el cierre de establecimientos que no obtengan las licencias». Ramírez Navarro explica que a la hora de escoger una residencia para una persona mayor, entre otros factores a tener en cuenta, hay que comprobar que la residencia dispone de los permisos correspondientes.

Otros requisitos que exige la ley a nivel estatal son que los usuarios conozcan sus derechos y deberes y que los centros dispongan de un plan de emergencia. Además, las residencias deben estar inscritas en un registro de los servicios sociales de las comunidades autónomas.

En base a estos datos, el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) elabora su informe sobre las personas mayores. Según los últimos datos disponibles, en 2012 había 5.580 centros residenciales , que ofrecían un total de 374.518 plazas, de las cuales 185.134 son de financiación pública. Sin embargo de los 5.580 centros, sólo 1.478 son públicos.

No obstante, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recuerda que, «al tratarse esta materia de competencias exclusivas de las comunidades», la normativa corresponde a las administraciones regionales. Al igual que «todo lo relativo a infraestructura, seguridad, equipamiento, cartera de servicios, ratios y categorías de personal». Sin embargo, tal y como recuerda Ramírez Navarro, «lo que ha sucedido en Zaragoza es un accidente sobre el que se tendrán que depurar responsabilidades », por lo que «hay que tranquilizar a todos aquellos que tienen familiares en centros de mayores».