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Ilustración de hombres mirando sus teléfonos móviles conectados a Twitter, Facebook y otras redes - CARBAJO&ROJO

Se disparan las quejas por expresiones de odio en las redes sociales

La Defensora del Pueblo estudia juzgar «no solo a los autores materiales de los crímenes, sino también a sus autores intelectuales»

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La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, aseguró este martes en Santander que en los últimos meses han aumentado las quejas a su institución relacionadas con «manifestaciones o expresiones de odio en las redes sociales».

Durante su participación en el curso «El derecho frente a la corrupción», de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Becerril advirtió de que algunos de estos comentarios pueden ser muy graves, porque «tras la banalización de unos hechos, lo que viene o vendrá es el olvido».

Por otro lado, la defensora desgranó en su conferencia los elementos que a su juicio son imprescindibles para alcanzar la buena administración y el buen gobierno: la transparencia, la función pública y el control del gasto. Aseguró que la Ley de Transparencia aprobada en diciembre de 2013 representa un avance importante y es un «buen antídoto contra la corrupción», pues obliga a dar cuenta de cómo se gasta el dinero del contribuyente y a que los datos se expongan claramente.

La transparencia también supone «responder a toda la información solicitada por los ciudadanos», añadió. Sobre la función pública, Becerril mantuvo que cumple un papel «primordial» en la lucha contra la corrupción, ya que son los funcionarios quienes deben verificar «si los actos se adecuan a la legalidad; no solo si hay capacidad para ellos, sino si los gastos o compromisos de pagos son acordes con la ley y tienen su correspondiente justificación».

Control del gasto

Soledad Becerril aboga por que «se evite la creación de organismos, entes, agencias, observatorios y consejos de toda clase que no resulten absolutamente imprescindibles», ya que, en su opinión, «una administración de grandes dimensiones no significa una mejor administración sino más centros de poder y, en muchos casos, mayores dificultades para el ciudadano».

En tercer lugar, opina que debe haber «un control del gasto mediante una legislación que ordene el funcionamiento de las administraciones y especifique los modos y maneras de administrar bienes públicos» y que «establezca los límites permitidos y exija las autorizaciones correspondientes», ya que «en muchas ocasiones se han contraído compromisos sin respaldo financiero suficiente o sobre la base de presupuestos inflados por expectativas de muy dudoso cumplimiento».

Sobre el trabajo diario de la institución que dirige, mencionó la reciente puesta en marcha de la nueva página web ( www.defensordelpueblo.es), que da cuenta de todas las actuaciones, informes, estudios y documentos y que «facilita la presentación dequejas y los tiempos que unos y otros tardamos en las respuestas».

Además, explicó que el Defensor del Pueblo «actúa ante las administraciones públicas, no contra ellas», y valoró la reciente ley que introduce los supuestos en los que una familia puede acogerse para evitar el desahucio y el Código de Buenas Prácticas firmado por la mayoría de las entidades bancarias.

Por último, se refirió a la decisión de la Audiencia Nacional de admitir la querella de la Asociación Dignidad y Justicia para investigar a ETA por delito de lesa humanidad. En su opinión, ello «abre una vía importante para poder juzgar no solo a los autores materiales de los crímenes, sino también a sus autores intelectuales».