«Estamos desolados y engañados tras diez años de litigios en los tribunales»

Casi cuatro años después de la sentencia del TS que instaba a la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso del castellano como lengua vehicular en los colegios de Cataluña, el Alto Tribunal ha vuelto a pronunciarse al respecto. En sendas sentencias con fecha de 23 y 28 de abril, pero difundidas ayer. Y lo ha hecho avalando el porcentaje del 25 por ciento del uso del castellano que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se vio obligado a fijar el 30 de enero del pasado año, tras los sucesivos incumplimientos de la primera resolución del Tribunal Supremo y la negativa de la Generalitat a establecer un porcentaje razonable para garantizar el derecho a la enseñanza en castellano.

Desde entonces, sólo catorce centros escolares, obligados por el TSJC, han dispuesto de este porcentaje de clases en castellano. Una medida que se aplica por mandato judicial sólo si un padre así la solicita, y que se hace extensiva a toda la clase del alumno solicitante. Pese a que el Tribunal Constitucional ya dictó en 2010 que el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña.

Las últimas sentencias del TS no contentaron a nadie, aunque dejan al Gobierno de la Generalitat con moral de victoria, pese a los gestos de indignación exhibidos ayer. «No es justo, honesto, ni útil forzar al derecho para alterar consensos», afirmó el «president» Artur Mas ante un público de juristas. Fue durante la presentación de la memoria de Comisión Jurídica de la Generalitat. De un golpe, Mas respondió así a las sentencias del TS y a la decisión del Gobierno de recurrir el decreto de matriculación catalán por no informar a los padres de su derecho a pedir educación en castellano para sus hijos. Además, también criticó que Fiscalía le haya denunciado por la consulta secesionista del 9-N.

En sus dos últimas sentencias, el Supremo rechaza el recurso que la Generalitat presentó al 25% decretado por el TSJC alegando que el alto tribunal había suplantado a sus competencias. El TS le responde que si los tribunales han tenido que establecer este porcentaje es porque la Administración autonómica ha hecho dejación de esa potestad y ha venido desatendiendo los sucesivos requerimientos de la Sala para ejecutar la sentencia.

Sin embargo, el Supremo tampoco acepta los recursos al 25% en castellano que presentaron dos padres, Enrique López y Consuelo Santos, que reclamaban para sus hijos un bilingüismo al 50 por ciento. En la práctica, el citado fallo del 25%, que exigía que las asignaturas en castellano fueran troncales, se ha acabado aplicando de una manera que indigna a los padres solicitantes. Impartiendo en castellano unas ocho horas sobre el total de 25 semanales. Las tres de la asignatura de castellano y otras tres, o cinco, con asignaturas como Matemáticas o Informática. Aunque sin libros de texto en castellano.

Es el caso de la hija de Consuelo Santos, que viene reclamando la educación bilingüe desde el año 2005. «No va a cambiar nada. No me extraña que haya padres que desistan de pedir educación bilingüe para sus hijos», explicaba ayer a ABC. Peor lo tiene Enrique López. Las sentencias del pasado abril del TS le llegan cuando su hijo ya ha cumplido la educación obligatoria. Está en primero de Bachillerato.

«Es una burla, una sentencia política. Dictada por jueces a los que eligen los políticos. No hay división de poderes en este país», se lamentó a ABC el presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, quien criticó que los gobiernos «no han hecho nada» para garantizar un derecho que reconoce la Constitución, la educación en castellano como lengua vehicular.

A juicio del Supremo, el porcentaje de 25% de clases en castellano es «razonable». Y se ajusta al contenido de la sentencia del año 2010 de este mismo tribunal. En ella, se dejaba a la Generalitat la potestad de seguir otorgando al catalán un trato diferenciado sobre el castellano, aunque en una proporción razonable, «si estimase la existencia aún de un déficit en el proceso de normalización lingüística en detrimento del catalán».

En su recurso, Enrique López, pidió el 50% alegando que «es un hecho notorio la evidente implantación de la lengua catalana». Sin embargo, el Supremo, apelando al juicio que ya hizo en su sentencia de 2010, considera que el objetivo de normalización del catalán no se ha alcanzado aún.