Bruselas denuncia los problemas de España para reducir la pobreza

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La pobreza grave ha aumentado del 3,8% en 2004 al 7% de hogares en 2012, la privación material un 35% entre el 2008 y el 2013 y el número total de hogares sin ningún ingreso ha subido hasta los 750.000 hogares, el 4% del total en 2014, datos que para el Ejecutivo comunitario demuestra "la capacidad débil de las políticas sociales" en España "para impedir este tipo de situaciones".

El informe admite que el aumento de los niveles de pobreza de los menores en los últimos años en España es "especialmente preocupante" debido a "la emergencia potencial de procesos de escarificación que pueden perjudicar el futuro educativo y profesional" de los mismos.

Cerca del 30% de los menores vivían por debajo de la línea de pobreza en 2012 en España. Sólo Rumanía y Bulgaria tiene niveles de pobreza infantil más altos en toda la UE.

El Ejecutivo comunitario constata en su informe que el nivel de pobreza sólo ha caído en los hogares de pensionistas, mayores de 65 años, pero se debe a la caída de los ingresos medios y al mantenimiento relativo de su poder adquisitivo por las pensiones y destaca el apoyo de este grupo ha sido "el mecanismo de solidaridad familiar más importante desde el inicio de la crisis económica y financiera".

"Los servicios sociales han tenido resultados muy pobres a la hora de abordar el impacto social de la crisis", concluye el informe, que incide en el hecho de que a pesar de "los magros recursos" destinados por las autoridades para atajar las "situaciones más urgentes" no han "impedido el deterior de las condiciones de vida de grandes partes de la población".

"Las medidas de consolidación fiscal aplicadas desde 2010 han tenido un impacto significativamente negativo en los programas sociales" en España, reconoce el Ejecutivo comunitario, que identifica a las políticas de ayuda a la familia y los esquemas de activación del mercado laboral como las "más afectadas" ante la necesidad de responder al elevado paro y niveles de pobreza.

El Ejecutivo comunitario asegura que la crisis económica y financiera entre 2008 y 2014 se ha traducido en España en "una reducción significativa del gasto social, que han afectado de forma muy negativa a la cobertura y calidad de los programas de bienestar social".

Así, recuerda la caída del gasto educativo del 34,6% entre 2011 y 2013, del 9,6% en el sistema de salud, del 48,5% del gasto para estimular el empleo y del 11,4% del gasto de protección al desempleo por el Gobierno central, recortes a los que hay que sumar los de las comunidades autónomas, del orden del 8,2% en educación, el 6,4% en salud, el 18,5% en protección social, el 7,9% en servicios sociales y el 34 por ciento del gasto para promover el empleo.

El Ejecutivo comunitario considera además que existe "una desconexión significativa entre las políticas activas y pasivas de empleo". "La coordinación entre los servicios sociales y de empleo es limitada y la compatibilidad entre la asistencia social y al empleo es problemática", ha concluido en su informe.

En su informe, constata que las últimas reformas de las autoridades españolas sobre las ayudas al desempleo y las ayudas de inserción mínima han estado "más" centradas en el recorte del gasto "controlando el acceso y limitando los beneficiarios" debido al "elevado desempleo y el aumento de los niveles de pobreza en un contexto general de consolidación fiscal".

"Estos esquemas no contribuyen a una red de seguridad adecuada para las poblaciones vulnerables", concluye en su informe.