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Lo que esconde el «top manta»

Los jóvenes subsaharianos son el último extremo del negocio de la piratería industrial, un grave problema social y de orden público

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Ellos, sus mantas y su género proscrito están en todas las capitales españolas. Los manteros proceden en su mayoría de Senegal, pero también los hay de países como Costa de Marfil o Guinea-Bissau. Este es el censo que se desprende de cualquier paseo por barrios como Lavapiés, en el centro de Madrid, donde junto a otras comunidades foráneas, predominan en el paisaje.

Sus precarios tenderetes sobre las aceras y los andenes del metro son el último terminal de un circuito comercial pirata en cuya cúspide, muy lejos de los manteros, se concentran los mayores beneficios. Los trastornos que causa son graves. Para los artistas y las grandes firmas de moda porque vulnera sus derechos de propiedad intelectual e industrial y ocasiona millonarias pérdidas económicas. Para las autoridades y las fuerzas de seguridad porque han de dedicar enormes esfuerzos y recursos a la persecución de una actividad ilegal pero, por lo visto, imposible de eliminar.

Fuentes policiales conocedoras de esta actividad explican que el foco original del negocio de la piratería está en Asia, con China, Bangladesh, India, y otras «potencias» de la industria textil de bajo coste como principales focos exportadores de los artículos de imitación que inundan los mercadillos españoles. En estos países, trabajadores explotados y sin protección alguna producen a destajo lo que luego los inmigrantes subsaharianos adquirirán en grandes centros comerciales del «Todo a un euro» como el macropolígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, en la periferia de Madrid.

De Melilla a la manta

Son los lejanos y en su mayoría anónimos mayoristas los que realmente se lucran con un negocio con el que los inmigrantes clandestinos se buscan la vida no sin riesgo. Según estimaciones publicadas en medios afines al colectivo mantero, alrededor de 600 personas ingresaron en prisiones españolas entre 2003 y 2010 por delitos relacionados con la venta ambulante ilegal. Es a lo que se ven abocados muchos de los que lograron saltarse la valla de Melilla o los requisitos administrativos para residir legalmente en territorio nacional.

Los subsaharianos viven en permanente fricción con los agentes, una relación intensa y conflictiva que alguna vez ha derivado en episodios dramáticos, como la muerte el pasado enero de un funcionario de la Policía Nacional que cayó a la vía del tren cuando forcejeaba con un marfileño al que trataba de identificar. Menos dramático pero igualmente alarmante fue el episodio que perturbó la paz dominical de los aledaños del Rastro madrileño y del que informó en exclusiva ABC. Policías municipales de paisano empeñados en atrapar a un mantero que había huido a la carrera dispararon al aire para dispersar a la multitud de africanos que intentaba evitar la detención.

El nuevo episodio en la batalla interminable entre la ley y quienes viven en sus márgenes ha sido la reciente reforma del código penal. Si el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero rebajó la venta ambulante ilegal de delito a falta administrativa, el texto impulsado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha reabierto la cuestión. Las asociaciones que apoyan a los manteros aseguran que, con la nueva regulación, su actividad, que consideran inocua, puede ser castigada con entre seis meses y dos años de prisión. Los propios afectados sostienen que, más que a la cárcel, a lo que temen es a la expulsión. El Ministerio de Justicia, por su parte, explica que lo que ha pretendido es una regulación ajustada a la realidad social y que permita una pena mayor para los que realmente se enriquecen con la piratería y no para quienes la tienen como mero medio de subsistencia.