Antonio y su hija Isabel cuando tenía dos años de edad, antes de que su madre se la llevara a Japón
Antonio y su hija Isabel cuando tenía dos años de edad, antes de que su madre se la llevara a Japón - abc

Un padre español solo podrá ver a su hija ocho horas al año y en Japón

Un juez nipón le «concede» cuatro visitas de dos horas repartidas en doce meses, pese a que su mujer raptó a la niña

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Un juez de familia de Tokio acaba de dictar una sentencia que ha hundido a un padre español. Antonio Blanco, madrileño de 52 años y profesor de música en el Conservatorio de Salamanca, podrá ver a su hija Isabel Shiori entre ocho y diez horas al año repartidas en cuatro visitas, para las que antes tendrá que recorrer medio mundo. Todo ello pese a que la pequeña Isabel, de ocho años, es española -nació en Madrid-, y su madre, Keiko Yamaguchi, se la llevó sin permiso en 2009, cometiendo un presunto delito de sustracción internacional de menores que ya ha prescrito.

Antonio no ha tirado la toalla ni un sólo instante. Se llegó a trasladar a Tokio durante seis meses y pleiteó para recuperar a su hija. Consiguió un acuerdo que le permitía ver a Isabel diez horas a la semana y un fin de semana al año. En 2016 incluso iba a tener permiso para traer a la niña a España durante un mes. «Pero ahora el juez me ha dejado las diez horas semanales en diez horas anuales. Siento rabia e impotencia, porque he cumplido todos los puntos del acuerdo y se ha premiado a la madre, que siempre los ha incumplido», declara Antonio ABC.

Este padre madrileño tendrá que elegir entre dos opciones. La primera le permitiría ver a su hija durante dos sesiones de dos horas en Semana Santa y otras dos sesiones de dos horas en verano; la segunda, dos visitas de dos horas cada una en verano y otras dos en Navidad de tres horas. De este modo, Antonio podrá ver a su hija entre ocho y diez horas al año. Una vez que él elija el turno, su exmujer será la que dicte los días exactos. «La madre de mi hija puede ponerme el 1 de julio y el 31 de agosto, lo que me obliga a pasar en Japón dos meses o a hacer dos viajes de ida y vuelta», sostiene Antonio.

«No veré a mi hija»

Pero esto no es lo peor, porque Antonio está convencido de que «la próxima vez que vaya a ver a mi hija, la madre va a incumplir el régimen de visitas otra vez, como siempre ha hecho, y no le va a pasar nada», protesta. De hecho, Antonio Blanco la denunció por incumplimiento y fue condenada a indemnizarlo con 200.000 yenes, unos 1.500 euros. «No me pagó nada y cuando fueron a embargarla tenía en la cuenta 68 yenes, 50 céntimos de euro, pese a que en el juzgado dijo que trabajaba como delineante en una empresa». Por contra, Antonio le está pagando 35.000 yenes al mes (unos 260 euros) de pensión. Si dejara de pagar, su exmujer podría denunciarlo y los jueces españoles lo condenarían.

La última vez que vio a su hija fue el pasado verano, una visita de media hora en una sala del juzgado: «Tenía prohibido tocarla, sacarle fotos, darle un regalo y hasta hablar con ella si antes no me había hablado ella a mí». En la sala había testigos y una cámara grabando el encuentro. Antonio no pudo darle un beso a su hija.

Este padre madrileño va a recurrir la decisión del juez para conseguir un régimen de visitas más amplio, parecido al que tenía. No encuentra explicación a la decisión del juez: «En el juicio la

La última vez que vio a su hija fue el pasado verano, con testigos, y tenía prohibido tocarla

madre alegó que la niña tiene problemas psicológicos y que no quiere verme. Yo lo que creo que tiene es un trauma. Mi hija no me conoce», se lamenta Antonio. La niña podrá decidir por sí misma cuando cumpla quince años, dentro de siete, cuando su padre será, probablemente, un total desconocido.

Antonio Blanco ha recorrido en inumerables ocasiones los 14.000 kilómetros que separan Madrid de Tokio. Calcula que está gastando cada año 12.000 euros en viajes, abogado e intérprete, además de los 30.000 que gastó cuando pasó allí seis meses litigando. Su sueldo de profesor le permite a duras penas seguir luchando: «Cuando estoy en Japón me alimento de arroz con un poco de carne por encima. Mi presupuesto para comer es de diez euros al día», relata.

El calvario comenzó el 25 de agosto de 2009, cuando Antonio fue a buscar a Isabel Shiori como cada tarde, pero se encontró el piso de su exmujer vacío. Se temió lo peor y, pese a que denunció la desaparición en ese mismo instante, nada se hizo para que la madre se llevara a la niña a su país. Tampoco fue impedimento que la pequeña Isabel solo pudiera abandonar España con la autorización de su padre o de un juez.

El Estado indemnizó a Antonio con 3.389 euros, como publicó ABC, por un «funcionamiento anormal de la Administración de Justicia», que no impidió el rapto de la niña. Su exmujer, con la que ABC no ha podido contactar, ya ni siquiera será detenida si pisa suelo español, porque el delito prescribió en 2013.