Cataluña podría pagar más de 150.000 euros por no escolarizar en español

Ahora, una veintena de padres que llevan años de litigio judicial para que se reconozca el mismo derecho a sus hijos se plantean aprovechar la vía que ha abierto el fallo del tribunal catalán, según avanzó en declaraciones a este diario Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana (CCC), asociación que les ha asesorado legalmente durante todo el proceso.

Según Caja, teniendo en cuenta que el período medio de resolución de una sentencia son unos cinco años, que hay veinte padres susceptibles de reclamar esa indemnización y que lo que les corresponde por curso son 1.500 euros, «la Generalitat podría hacer frente a una indemnización de más de 150.000 euros».

«Esa cantidad sería en caso de que cada uno de los padres demandantes reclamara un solo curso, cosa muy improbable, ya que la mayoría llevan muchos años de reclamación», añade Caja.

El responsable de Convivencia Cívica recuerda, por ejemplo, el caso de Enrique López, uno de los padres demandantes, al que, de solicitar esta vía de indemnización, la Generalitat debería abonarle prácticamente toda la enseñanza obligatoria, ya que empezó a litigar en 2005. «Son nueve años, creo», apunta. O el caso de otro padre, Feliciano López, al que cuando la Justicia le reconoció el derecho a escolarización en castellano su hija estaba ya en la universidad.

Francisco Caja aclara que, apelando a esta nueva fórmula compensatoria que ha abierto la sentencia que refiere a la hija de Severo Bueno, «pueden reclamar todos los padres que han pedido educación bilingüe para sus hijos en los tribunales».

«Solo tienen que reclamar este derecho por vía administrativa y demostrar que la Generalitat no está cumpliendo la ley porque sus hijos no reciben clases en castellano», dice el responsable de CCC. «Está claro que apelando a un incidente de ejecución en la sentencia, como en el caso de Severo Bueno, se puede hacer que la Generalitat, al menos, pague por saltarse la ley», añade Caja.

A su entender, «en el momento en que un padre pide enseñanza bilingüe se abre el taxímetro, que corre en contra de la Generalitat». El responsable de CCC aclara que «ese dinero es un dinero público que sale del bolsillo de todos». Por su parte, la consejería de Enseñanza ha avanzado que recurrirá la sentencia porque es «un caso singular», ya que, según arguye, otras resoluciones sobre indemnizaciones han sido rechazadas por el TSJC.