Alonso asegura que todos los expertos del plan de la hepatitis C han firmado una declaración de conflicto de intereses

«Quiero apoyar la independencia del señor Rodés y su equipo», según ha defendido antes de comparecer por primera vez ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Baja, recordando que es «obligatorio y preceptivo» firmar este tipo de documentos siempre que se constituye un grupo de este tipo.

Este comité de expertos quedó constituido este lunes y está formado por Agustín Albillos, jefe de Gastroenterología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid; Javier Crespo, jefe de Servicio de Digestivo del Hospital Marqués de Valdecilla (Cantabria); María Buti, jefa de Servicio de Medicina Interna del Hospital Vall d'Hebrón de Barcelona; Alfonso Moreno, catedrático de Farmacología de la Universidad Complutense de Madrid; y Antonio Andreu, director del Instituto de Salud Carlos III de Madrid.

Todos ellos, con el doctor Rodés a la cabeza, deberán tener un primer borrador de la estrategia en unas tres semanas, y el objetivo es conocer la epidemiología de la enfermedad, crear un registro de pacientes y establecer los criterios científico-técnicos para el uso de los fármacos de última generación, lo que conllevará la revisión de los informes de posicionamiento terapéutico y guías de práctica clínica elaboradas hace unos meses.

Hasta entonces, según ha reconocido Alonso, «hay una estrategia terapéutica en vigor que ya garantiza la indicación para un determinado número de pacientes, que se hizo sobre una base científica», y en el Consejo Interterritorial celebrado este miércoles obtuvo el compromiso de las comunidades de que cumplirán con estas indicaciones. «Y lo tienen que hacer ya», ha insistido. «Lo importante es la transparencia, conocer lo que está pasando, y recabar datos de los pacientes que hay y a los que se está tratando, eso es muy importante», ha defendido Alonso.

Sobre el precio de los fármacos, Alonso no ha querido hacer público el precio que se ha acordado con las compañías farmacéuticas como sí han hecho otros países como Francia, si bien ha reconocido que en este país «hay unos precios públicos pero el precio que realmente están pagando no se publica y no lo conocemos».