Cataluña pierde 3,5 millones en fondos europeos y del Estado por no implantar la FP Básica

Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, tras la reunión de la Conferencia Sectorial en la que los representantes del Ministerio y de las comunidades autónomas han abordado distintos aspectos de la aplicación de la nueva ley.

En su comparecencia, Gomendio ha asegurado también que tres comunidades autonómas -Cataluña, Andalucía y el País Vasco- no han aprobado todavía los nuevos currículos para los cursos impares de Primaria, en los que ya desde septiembre se supone que se debe estar aplicando la Lomce. En el caso de Andalucía, además, el Ministerio ha enviado un requerimiento a la Junta para que aplique correctamente la reforma, ya que en una instrucción interna mantiene la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la estructura de ciclos que regía hasta ahora, sin tener en cuenta la existencia de una nueva normativa.

En cuanto a Cataluña, las autoridades educativas no han justificado que hayan realizado las actuaciones previstas para transformar los programas de cualificación profesional inicial (PCPI) en la nueva FP Básica, una de las novedades con las que la Lomce pretende mantener a los adolescentes en el sistema educativo y reducir los altos índices de abandono escolar temprano en España.

Aunque la Generalitat catalana sostiene que hay cuatro centros en la comunidad que imparten FP Básica, fuentes del Ministerio explican que, de acuerdo con la información facilitada por la Alta Inspección del Estado, no es así y se están incumpliendo los criterios por los cuales esta comunidad autónoma iba a recibir el pasado año 3,5 millones de euros para sufragar los gastos que supone la implantación de la reforma.

Por este motivo, el departamento que dirige José Ignacio Wert ha ordenado no abonar esa cantidad. La mitad, casi 1,8 millones, se correspondían con la aportación nacional con cargo al capítulo 4 del Presupuesto del Ministerio y el resto es cofinanciación del Fondo Social Europeo adelantada por el Gobierno con cargo al capítulo 8 del presupuesto ministerial.