El Principado de Asturias rechaza el proyecto de la mina de oro de Salave

El acuerdo ha sido adoptado basándose en los informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y no en el emitido este pasado mes de agosto por el Instituto Geológico y Minero de España que consideraba la implantación de esta industria extractiva como «perfectamente compatible con los cauces (Orjales, Murias, Anguileiro), las aguas subterráneas y con el mantenimiento y mejora ambiental de las Lagunas de Silva». Precisamente, este lugar debe su nombre a los pequeños lagos creados artificialmente por las explotaciones mineras que los romanos llevaron a cabo en esa zona hace siglos.

El argumento esgrimido por la consejera de Fomento y Medio Ambiente, Belén Fernández, para justificar la decisión tomada ha sido el de que la Confederación es el organismo que debe considerarse «el más cualificado». Sin embargo, desde el despacho de Pilar Martínez Abogados , especializada en asuntos de medio ambiente y urbanismo, su fundadora asegura que «no hay ninguna norma en la legislación española que establezca la prevalencia de una institución como es la Confederación Hidrográfica sobre el Igme. Quien tiene la última palabra en realidad es el Principado, que se ha basado en principios de precaución y cautela sin que haya una conclusión definitiva sobre el impacto en los cauces de los ríos. La propia Directiva Hábitat de la UE, en su artículo 6 , dice que si, a pesar de las conclusiones negativas se tuviera que realizar un proyecto por razones de índole social o económico, se puede autorizar exigiendo las medidas compensatorias necesarias».

Nada más conocerse el rechazo del Principado, Explotaciones Mineras del Cantábrico mostró su «sorpresa y decepción», al margen de anunciar que estudiará si presenta recurso. La compañía recordó que se han perdido cinco años de trabajo y cerca de veinte millones de dólares invertidos que, dice, «no han sido suficientes para responder a las legítimas expectativas profesionales de las, aproximadamente, doce mil familias que percibían esta iniciativa económica como única opción laboral».

El texto de la declaración de impacto ambiental será publicado en los próximos días en el Boletín Oficial del Principado. Pero no supondrá el punto y final para el proyecto de Salave puesto que, afirma Pilar Martínez, «ante este tipo de resoluciones de ámbito administrativo cabe el recurso ante el tribunal contencioso-administrativo, aunque la actividad quede paralizada. La empresa puede solicitar una responsabilidad patrimonial porque se les han generado expectativas con informes previos favorables que ahora se les deniegan. Es algo parecido a lo ocurrido en el Algarrobico, y que en España es muy corriente por la ambigüedad y la contradicción entre normas que regulan aspectos coincidentes en el ámbito medioambiental».