China renueva su prohibición de usar órganos de ejecutados para 2015

Huang Jiefu, que lleva ya varios años haciendo esta misma promesa, también reconoció que «aparte del pensamiento tradicional que mantiene la consideración por las donaciones de órganos muy baja, no se puede negar que la gente tiene reparos en si dichas donaciones serán justas y transparentes». Aunque el autoritario régimen de Pekín prohibió en 2007 el tráfico de órganos penándolo con hasta tres años de cárcel, los 300.000 pacientes que necesitan una «operación urgente» y el escaso número de donantes voluntarios han dado lugar a un mercado negro que se nutre, en la mayoría de las ocasiones, de los presos ajusticiados. Un vastísimo vivero porque China es el país donde más se aplica la pena de muerte: 2.400 ejecuciones el año pasad o según los cálculos de la Fundación Dui Hua, un grupo estadounidense defensor de los derechos humanos.

Tal y como reconoció en su día Huang Jiefu, que fue viceministro de Salud, el 54 por ciento de los trasplantes que se practicaron en China en 2013 se efectuó con órganos de reos ejecutados. Aunque la cifra seguía siendo altísima, suponía una reducción con respecto al año anterior, cuando los condenados a muerte aportaron el 64 por ciento de los órganos trasplantados.

Debido a las reticencias a la entrega de órganos en China, que se deben a la creencia budista en la reencarnación, la ratio de donantes es solo de 0,6 por cada millón de habitantes, mientras que en España llega a 37. Como consecuencia, el número de estas operaciones quirúrgicas es relativamente bajo: 10.000 en 169 hospitales autorizados.

Gracias a los programas de concienciación puestos en marcha por las autoridades chinas, este año ya ha habido 1.600 donantes voluntarios, lo que ha dado lugar a 7.800 trasplantes. Aunque dicha cifra supera la suma de los cuatro años anteriores, es ínfima si se tiene en cuenta que la población del país supera los 1.360 millones de personas.

Aunque buena parte de la sociedad china acepta la extracción de los órganos de los condenados a muerte como una manera de pagar por sus delitos, Pekín se ha propuesto dejar de utilizarlos consciente de la mala imagen internacional que generan dichos trasplantes. De hecho, las asociaciones defensoras de los derechos humanos han criticado que los familiares de los presos en el corredor de la muerte ni siquiera son consultados sobre la extracción de sus órganos. Más graves aún son las denuncias del ilegalizado culto «Falun Gong», que ha acusado al régimen chino de condenar a sus seguidores a muerte para «robarles» los órganos.