Ultimátum del TSJC a cinco centros para que impartan más castellano

En las providencias, a las que ha tenido acceso ABC y fechadas el 30 de julio, el tribunal considera que «no ha lugar a tener por ejecutados los autos» en los que se requería a la consejería y al centro a impartir más castellano.

Convivencia Cívica Catalana (CCC), entidad que abandera la causa bilingüe en Cataluña, ha denunciado en numerosas ocasiones el «reiterado incumplimiento» de la justicia por parte de la consejera de Enseñanza, Irene Rigau . «La situación es gravísima», afirma el presidente de CCC, Francisco Caja , quien avanza que este inicio de curso las familias afectadas denunciarán a la consejera «por prevaricación».

En la presentación del curso escolar, que arranca el próximo día 15, Rigau constató que no impartirá currículo de la Lomce , desoyendo el nuevo marco educativo legal.Respecto al otro asunto espinoso, el cumplimiento de las sentencias que le obligan a aumentar la presencia del castellano en las aulas, la titular de Enseñanza se limitó a afirmar que de los cinco primeros colegios que tienen reconocido por ley el 25% de castellano, solo dos recibirán instrucciones.

Los tres restantes, precisó, han abandonado la causa «porque los alumnos han dejado el centro por decisión propia o han concluido los estudios». CCC desmiente esta versión y asegura que solo una familia ha dejado el centro, «desanimada ante la falta de respuesta de las autoridades educativas», y ha inscrito a su hijo en un colegio privado que sí imparte clases bilingües. «Es una marcha forzada», denuncia el presidente de CCC.

Por otro lado, este diario ha podido saber que el TSJC ha dictado un nuevo auto que obliga a un colegio de un pueblo de Gerona a impartir del 25% de clases en castellano. Este centro se suma a los cuatro anunciados por ABC el pasado día 6. En total, son ya diez los colegios que tienen ese reconocido ese derecho en los tribunales.

Por otro lado, CCC ha puesto a disposición de las familias que quieren reclamar enseñanza bilingüe para sus hijos amparados por la Lomce (prevé que el gobierno catalán pague 6.000 euros por una plaza en un centro privado si no proporciona educación en castellano como lengua vehicular en escuelas públicas y concertadas) un documento en el que se insta al Ministerio de Enseñanza a «garantizar de forma inmediata» este derecho. Con eso se pretende, segun Convivencia, «que los padres no tengan que desembolsar de entrada el precio de la matrícula, muy elevado en los centros privados». Ese curso, 80 familias según CCC, 40 según la Generalitat, han pedido que sus hijos reciban educación en las dos lenguas oficiales.