La reforma de Wert, a medias

Entre las propuestas que Wert ha trasladado a rectores, sindicatos, comunidades autónomas y consejos sociales de las universidades, figura un nuevo sistema de acreditación de los profesores, una mayor flexibilidad para la creación de universidades privadas y la posibilidad de establecer grados de tres años , en lugar de los actuales cuatro. Sin embargo, no aborda ni la financiación ni la gobernanza, que se encuentran en el corazón de los problemas que la universidad española arrastra desde hace tiempo.

El informe emitido por la comisión de expertos en febrero del pasado año indicaba que «es necesario diversificar las fuentes de financiación de las universidades y dotarlas de la mayor flexibilidad posible en el acceso a esos fondos». En la actualidad, el 80% de la financiación de las universidades públicas españolas tiene su origen en los presupuestos de las administraciones.

Hasta ahora, los sistemas de financiación «se han guiado esencialmente por variables docentes, estructuras de coste de su personal y, solo en una proporción marginal, por la calidad de la investigación. Esta puede ser una de las razones que explican por qué no se ha prestado la atención debida a la actividad del I+D+i y a la formación de postgrado e investigadora», indicaba.

Además, «se ha producido un despliegue territorial de enseñanzas plagado de duplicaciones y de títulos artificiales muy semejantes», explicaba.

El informe advertía también de que los órganos de gobierno, sobre todo en las universidades públicas, «son muchos y con demasiados miembros», habiendo claustros de 300 personas. Como resultado, apuntaba, «los procesos de toma de decisión son largos, costosos y poco eficientes». Además, alertaba de «la frecuente aparición de corporativismos internos difícilmente compatibles con los intereses de la sociedad a la que se deben las universidades».

En este sentido, se propone sustituir la actual coexistencia de un Consejo de Gobierno y de un Consejo Social por un único órgano, «el Consejo de la Universidad», que elegiría al rector. A juicio de los expertos, «el actual gobierno de las universidades favorece que los colectivos que las integran, parte interesada y decisoria a la vez, pugnen por sus intereses inmediatos y no por la excelencia académica».

Sin embargo, los rectores de las universidades no tienen prisa por la reforma . En la reunión celebrada el pasado miércoles con el ministro, la Conferencia de Rectores (CRUE) pidió, por boca de su presidente, Manuel López, «calma y más tiempo» para analizar la propuesta de que las universidades puedan optar por grados de tres años y máster de dos. Por su parte, el rector de la Universidad Complutense , José Carrillo, dejó claro que es «más urgente» subir los límites de la tasa de reposición del profesorado.

Wert, por su parte, ha asegurado que pretende que las reformas en la universidad cuenten con el consenso de los rectores . Después de la agitación de la Lomce, no quiere que los pasos que se den ahora en la educación superior provoquen nuevas convulsiones. De momento, ha quedado con los rectores en volverse a ver en septiembre.

Pero en los últimos días se han escuchado opiniones que quieren romper con este inmovilismo. La Conferencia de Consejos Sociales -la sociedad y la empresa en las universidades- reprochó el martes al ministro la «falta de valentía» al abordar los cambios. «España, desde hace muchos años viene demandando una reforma en profundidad», asegura a ABC el presidente de la Conferencia, Joaquín Moya. A su juicio, la transformación más importante debe darse en el régimen de gobierno, ya que el actual «no va a permitir a la universidad española colocarse en las mejores posiciones internacionalmente ni alcanzar la excelencia que nos gustaría». «Nos estamos quedando atrás», asegura. A su juicio, «tenemos una universidad muy endogámica, metida en sus problemas» y hace falta «que se abra a los mejores, que se incorpore gente cualificada de otras universidades» y que haya «una especialización mayor».

Moya está de acuerdo en que desaparezcan los actuales consejos sociales y que se integren en un único órgano en el que la representación de la sociedad en la universidad tuviera al menos el mismo peso que la docente. Además, considera que debería haber una gerencia mas profesionalizada y que el rector sea seleccionado «por sus méritos», separando las funciones administrativas de las docentes.