sociedad
Cuatro comunidades piden la retirada del anteproyecto de Ley del Aborto
Andalucía, Asturias, Canarias y País Vasco rechazan el anteproyecto durante la Conferencia Sectorial de Igualdad, organizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales

Los representantes de los organismos de Igualdad de Andalucía, Asturias, Canarias y País Vasco tienen previsto pedir este lunes al Gobierno del Estado la retirada del Anteproyecto de ley orgánica de protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada.
Esta petición se realizará en el transcurso del turno abierto de preguntas de la Conferencia Sectorial de Igualdad, organizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad este lunes, tras el rechazo de incluir el tema del Anteproyecto dentro del orden del día, tal como habían solicitado previamente estos cinco organismos por considerar que era el marco adecuado donde defender su postura, según el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde).
En representación de la Comunidad Autónoma Vasca, la directora de Emakunde, Izaskun Landaida , mostrará su rechazo al cambio normativo que considera «un retroceso intolerable en la consecución de los derechos de las mujeres y en el ejercicio de su libertad».
Según Landaida, «las leyes deben garantizar un marco normativo igualitario y universal. Serán las personas después quienes, atendiendo a sus creencias, tomen una u otra decisión».
Landaida incidió en que, «la legislación vigente no establece la obligatoriedad del aborto , sino que plantea un marco normativo que hace posible su adopción con garantías sanitarias para las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado».
En su opinión, «el marco normativo vigente hasta el momento es acorde con las legislaciones más avanzadas en Europa y no supone un incremento en el número de abortos , sino la garantía de que cuando una mujer decide interrumpir un embarazo no deseado pueda hacerlo con garantías para su salud y sin sentirse una delincuente».
Asimismo, Landaida recordó que los abortos no dejarán de producirse y lo único que se conseguirá es que «tan sólo puedan interrumpir los embarazos no deseados las mujeres con recursos económicos, sumiendo en la indefensión legislativa y en la penuria a otras muchas mujeres».
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