Una joven en su habitación, en el centro de menores con trastorno de conducta de Picón del Jarama
Una joven en su habitación, en el centro de menores con trastorno de conducta de Picón del Jarama - daniel g. lópez

Centro de menores: fin al uso excesivo de la fuerza y del aislamiento

La Ley de Protección a la Infancia regula el trato a los adolescentes con trastornos de conducta

Actualizado:

«Me medicaban, dormía mucho tiempo y babeaba... Me castigaron sin comer tres días y me escapé». «No tienes intimidad, no puedes pensar... te vigilan en la ducha... No puedes ni ponerte un támpax sin que te estén vigilando». «Un vigilante me agarró del cuello y me tiró al suelo, retorciéndome el brazo... había restos de cristales y me corté en la frente». Estos testimonios no pertenecen a centros de internamiento en Corea del Norte, son del informe de Amnistía Internacional « Si vuelvo, me mato», con el que en 2009, al igual que en otro realizado por el Defensor del Pueblo -por entonces Enrique Múgica-, se denunciaba la desprotección de los menores con trastornos de conducta ingresados en centros de protección terapéuticos en España.

Afortunadamente, la publicación de estos dos documentos y la conmoción provocada, mejoraron notablemente una situación de arbitrariedad y descoordinación autonómica que ahora está en vías de solución definitiva con el anteproyecto de ley orgánica complementaria de la ley de Protección a la Infancia que ha puesto sobre la mesa la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Desde su llegada al cargo, Ana Mato, advertida de la necesidad de arrojar luz sobre un sistema «con más sombras que luces», en palabras del Defensor del Pueblo, colocó entre sus prioridades dotar de un ordenamiento jurídico claro todo lo relativo a la protección de los menores en situación de desamparo.

El anteproyecto ha sido bien recibido por las asociaciones implicadas, especialmente en la parte referida a los centros de menores con trastornos de conducta. Aquí, el nuevo articulado de la norma intenta poner orden en un descontrol que había propiciado situaciones aberrantes, e incluso varios casos de suicidios de jóvenes.

¿Son violentos o se vuelven violentos?

La dureza vivida por los menores quedaba perfectamente reflejada en la demoledora reflexión planteada por el Defensor del Pueblo: «¿son violentos los adolescentes y por eso se les aplican métodos agresivos o bien porque se les aplican reglamentos agresivos que ninguna personal normal soportaría pierden los estribos?». Para romper ese círculo perverso, la nueva ley regula las medidas de contención -física y mecánica- que puede emplear el personal de los centros, y en qué situaciones excepcionales.

Otro de los aspectos más polémicos y que ahora aclara la legislación es el de la administración de medicamentos, que en muchos casos era suministrada por personal sin cualificación y sin que los menores supiesen lo que estaban tomando. Cuando la ley se apruebe, deberán respetarse «el consentimiento informado» y solo podrán prescribir los fármacos facultativos médicos autorizados.

Patricia Fernández, abogada de la Fundación La Merced Migraciones, asegura que la situación «ha mejorado desde 2009, pero, aún así, los datos que tenemos de estos centros es que siguen siendo muy duros, y que en ellos, por la situación de pobreza infantil que atraviesa España, cada vez ingresan menores más pequeños y más rotos».

Para Save the Children, el nuevo articulado de la ley es «muy positivo» porque por primera vez regula estos centros que hasta el momento dejaban a los menores «sujetos a un régimen sin vigilancia y que no ofrecía las mínimas garantías de protección de sus derechos fundamentales». Aunque esta organización recuerda que queda pendiente «la revisión trimestral de la medida por el juez que dictó el ingreso de los menores o la asistencia de abogados en el régimen sancionador», reconoce el acierto de «la regulación de las medidas de contención, de las sanciones y de la administración de medicamentos, donde en la práctica se habían detectado muchas irregularidades, que el propio defensor del Pueblo llegó a calificar de malos tratos».

Problema emergente

Pero incluso cuando se apruebe la ley, el tema no será fácil de abordar. Javier Urra, primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, lleva tiempo advirtiendo de que la salud mental de los jóvenes españoles está empeorando «mucho».

En 2009, se estimaban en un 20% los jóvenes españoles que presentaban trastornos mentales; y en 2012 hubo en España más de 5.000 denuncias de padres agredidos por sus hijos. «Las dificultades económicas, la casi imposible conciliación familiar, el no sentirse queridos y el alto porcentaje de familias mal separadas -y Urra subraya ese término- están haciendo que cada día se den más casos de menores con trastornos de conducta. Es un problema emergente para el que no estamos preparados, no hay apenas áreas de psicopatología infantil en los hospitales».