Europa aplaude la reforma sanitaria emprendida por el Ministerio de Sanidad
Unidad de neanotología del hospital Principe de Asturias de Alcala de Henares (Madrid) - belen diaz

Europa aplaude la reforma sanitaria emprendida por el Ministerio de Sanidad

España ha ahorrado 5.100 millones en dos años desde que entraron en vigor las medidas de ajuste

Actualizado:

Dos años después de que la ministra de Sanidad, Ana Mato, presentase la reforma sanitaria, la Unión Europea aplaude las medidas de ajuste realizadas. “La introducción de copagos, la actualización de precios de referencia de los medicamentos y la centralización de compras de fármacos son pasos en la dirección correcta”, asegura Luxemburgo en un informe al que ha tenido acceso ABC. Este país ha sido el encargado de evaluar en la comisión europea los avances de España para reducir gastos en el sector sanitario y, en opinión de este país evaluador, ha superado el examen.

La evaluación había sido propuesta por el comité de protección social de la comisión europea después de que en junio de 2012 se pidiera a nuestro país que las reformas mantuvieran la accesibilidad a los grupos vulnerables. Como España, otros seis países europeos que han ido realizando ajustes y reorganizando sus servicios sanitarios –Bulgaria, Francia, Polonia, Malta, Finlandia y Rumania- fueron examinados. En todos los casos, era otro país miembro de la UE el encargado de hacerlo.

España debía presentar a Luxemburgo los datos de reducción del gasto sanitario y la fórmula empleada para conseguirlo. Datos como el ahorro total conseguido con el real decreto aprobado en 2012.

Desde que entró en vigor la reforma y hasta el mes de febrero, Sanidad ha logrado 5.100 millones de ahorro, según los últimos datos del Ministerio. La mayor reducción del gasto se ha conseguido en el área de farmacia donde se han ahorrado más de 3.000 millones.

El copago de los fármacos en función de la renta de los pacientes, el efecto disuasorio de cobrar a los pensionistas un 10 por ciento de sus medicinas, el mayor uso de genéricos, así como la compra centralizada de vacunas o los nuevos precios de referencia pactados con las compañías farmacéuticas han conseguido el objetivo esperado.

También los progresos en la llamada e-salud, con la introducción de la receta electrónica que controla mejor el gasto farmacéutico y las historias clínicas digitales, con las que se pueden compartir las pruebas de los pacientes entre hospitales. En estos momentos, casi el 70 por ciento de todas las recetas son electrónicas y hay casi 20 millones de historias clínicas digitalizadas, aunque el progreso no es igual en todas las comunidades autónomas. En tanto que Galicia, Baleares o Andalucía están a la cabeza de la informatización de estos documentos, comunidades como La Rioja o Castilla y León apenas han comenzado esta transformación.

Menos tarjetas sanitarias

Otra pata importante del ahorro aplaudido en Bruselas se ha obtenido al reducir el número de tarjetas sanitarias, la llave de un acceso gratuito al sistema sanitario español. En los últimos dos años se han anulado 900.000 tarjetas sanitarias a extranjeros en situación irregular y a ciudadanos españoles que nunca habían cotizado y disponen de rentas superiores a 100.000 euros al año. “Todo el que se empadronaba en nuestro país tenía derecho a ella. En esas tarjetas anuladas no solo están los inmigrantes en situación irregular sino mucha población europea con recursos. El propio Tribunal de Cuentas nos avisó de que teníamos un agujero de mil millones de euros derivados del turismo sanitario”, recuerda Agustín Rivero, director de la Cartera Básica de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad.

Luxemburgo no ha puesto objeción a la anulación de tarjetas sanitarias ni a los otros ajustes. Al contrario felicita al Gobierno español por garantizar la atención sanitaria urgente en caso de enfermedad grave, así como el embarazo, gestación y atención infantil “incluso a ciudadanos ilegales”.

También valora que la legislación española asegure “el acceso a todos los ciudadanos que necesiten medicamentos”, sin reprochar la reforma del copago farmacéutico que por primera vez obliga a los pensionistas a pagar un 10% de sus medicinas.

Al contrario, la Comisión Europea considera que la introducción de copagos o la revisión de la cartera de servicios que ha limitado algunos tratamientos a los que se tenía derecho en la sanidad pública “son pasos en la dirección correcta”. Solo se deja traslucir una duda en cuanto a si todas estas reformas conseguirán, a largo plazo, un ahorro que impacte en las finanzas públicas. “Las reformas en sanidad son un proceso en curso y los impactos son difíciles de evaluar”, se indica.

En sus recomendaciones para seguir avanzando en la reducción del déficit, Europa tampoco va a más. “No nos han pedido que pongamos en marcha más copagos, por ejemplo por ir al médico o penalizar el uso abusivo de urgencias”, asegura Agustín Rivero. Tampoco lo ha hecho el Ministerio de Hacienda, insiste Rivero, que niega que vuelvan a sonar los tambores de copago como se ha insinuado desde la Organización Médico Colegial. “Nuestras últimas decisiones han ido en el sentido contrario y hemos eliminado copagos previstos, como el cobro por usar ambulancias no urgentes y ayuda ortoprotésica”.

Más centros solo para crónicos

A Europa le gustan las medidas emprendidas, pero las contempla solo como el comienzo de una ruta de la que España no debe apartarse. Por eso, pide que se avance en la informatización de pruebas de diagnóstico e historias clínicas para reducir la duplicación de radiografías, análisis o resonancias magnéticas. En ese camino trazado también considera que el enfermo es quien debe trasladarse para acudir al centro que mejor tratamiento le dé, en lugar de ir creando nuevos centros sanitarios para acercarse a sus pacientes.

Y pide una atención especial para una población cada vez más envejecida, con servicios sociosanitarios a su medida. Esta será la próxima asignatura del Ministerio de Sanidad y en la que ya trabaja con las comunidades autónomas.

El primer paso es definir qué es lo que considera un paciente sociosanitario, el enfermo que no necesita un gran hospital para sus cuidados y debe trasladarse a un centro con menor complejidad técnica pero más adaptado a sus cuidados. “La definición es compleja”, reconoce Agustín Rivero. La más fácil es la de paciente crónico o aquel que sufre un trastorno agudo y luego necesita algún tipo de ayuda o rehabilitación. “Sí tenemos claro que no habrá un corte de edad, que no serán solo centros para personas mayores. Hay jóvenes que pueden sufrir un accidente de tráfico, que una vez curados necesiten rehabilitación en un centro de estas características, o un adulto que sufre un ictus, o un bebé que nazca con un grave problema neurológico…”