El Tribunal de Justicia de la UE dice que el «céntimo sanitario» es contrario al derecho europeo

Los técnicos de Hacienda calculan que España podría tener que devolver 4.000 millones de euros de los 13.000 recaudados

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El tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo ha dictaminado que el llamado «céntimo sanitario» que aplican varias comunidades autónomas, -un impuesto sobre los carburantes destinado a sanidad- es contrario a la legislación comunitaria. La decisión abre un proceso de incertidumbre en cuanto a la obligación de devolver el importe recaudado por parte de las comunidades autónomas, ya que la sentencia obedece precisamente a la reclamación de un empresario catalán que desafió esta imposición.

Los jueces han rechazado la petición de la Generalitat de Cataluña y del Gobierno central para limitar en el tiempo los efectos de su decisión, por lo que se puede decir que están en juego hasta 13.000 millones de euros, que es la cantidad recaudad por este concepto en toda España.

La sentencia sigue el criterio del Abogado General, que ya había adelantado en sus conclusiones publicadas el pasado mes de noviembre, el sentido de la sentencia. La legislación europea sobre impuestos especiales acepta que en los hidrocarburos se puedan incluir tributos con «finalidades específicas» pero el Tribunal opina que el céntimo sanitario no puede considerarse como tal, porque se hizo con una finalidad «meramente presupuestaria» y, según los jueces, dentro de la «caja común» es imposible determinar adonde va cada euro en concreto.

Solo se hubiera aceptado si se hubiera establecido también una obligatoriedad de utilizar los ingresos de ese «céntimo sanitario» en programas concretos que sirviesen para compensar los efectos medioambientales causados en la salud pública por el uso de hidrocarburos o un objeto similar. Tal como se formuló, los jueces entienden que deben declararlo ilegal, puesto que «en caso contrario, cualquier finalidad podría considerarse específica, lo que privaría al impuesto indirecto armonizado por la Directiva de todo efecto útil», que es precisamente que esta fiscalidad sobre hidrocarburos no obstaculice los intercambios o la competencia del mercado interior.

La Generalitat de Cataluña y el Gobierno español han solicitado al Tribunal de Justicia que limite los efectos en el tiempo de la sentencia dada la gran cantidad de litigios y dado que que la obligación de devolver los trece mil millones de euros recaudados entre 2002 y 2011, «pone en peligro la financiación de la sanidad pública en las Comunidades Autónomas».

Sin embargo, los jueces afirman que para ello las instituciones recaudadoras deberían haber demostrado «buena fe» pero mantuvieron el impuesto durante diez años, sabiendo que en 2000 ya había una sentencia análoga condenando un gravamen de este tipo y que en 2003 la Comisión había iniciado un procedimiento sancionador, lo que significa que no podían ignorar la ilegalidad de esta medida. Tampoco aprecia como riesgo atenuante la posibilidad de que la aplicación de esta sentencia tenga consecuencias financieras importantes para el estado «porque así fuera, las ingracciones más graves serían siempre las más favorecidas».

El céntimo sanitario estuvo en vigor en España entre el 1 de enero de 2002 y el 1 de enero de 2013, fecha en la que se integró en el impuesto especial sobre los hidrocarburos. La empresa Transportes Jordi Besora, S.L., establecida en Montblanc,Tarragona, abonó por este concepto un total de 45.632,38 euros que solicita que le sean devueltos.

La sentencia del Tribunal de Luxemburgo sirve para orientar a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en este caso -es una cuestión prejudicial- y en todos los que se presenten a partir de ahora con la misma reclamación.