Las personas sin hogar viven veinte años menos, según Cáritas

El informe compara uno previo elaborado por la entidad en 2007 con datos recopilados durante el segundo trimestre de 2013 en 35 Cáritas Diocesanas (CCDD) de 35 comunidades autónomas, que describen cómo las condiciones de salud y de acceso a sanidad de las personas sin hogar son manifiestamente más adversas que las de la población general. «Las personas en situación de sin hogar, al ocupar las posiciones sociales más desfavorables, están social e individualmente expuestas a adoptar estilos de vida con mayores riesgos para la salud que las personas que tienen mejores condiciones y, por extensión, que ocupan posiciones más favorables», explica el estudio.

En este sentido, casi siete de cada diez diocesanas consultadas refieren que las personas sin hogar a las que atienden presentan enfermedades físicas u orgánicas crónicas y nueve de cada diez, señalan directamente trastornos de salud mental crónicos. Además, el 90 por ciento apunta que sus beneficiarios, «mayoritariamente», padecen adicciones crónicas. En 2007, el 59 por ciento no refería consumo de sustancias. El 80% de las entidades consultadas coincide al afirmar que «existen dificultades en el acceso a los recursos públicos de salud» para quienes viven en la calle, en seis de cada diez casos, por falta de tarjeta sanitaria a consecuencia de la reforma del Ministerio de Sanidad que ha restringido este documento a quienes tienen permiso de residencia.

Cáritas recuerda, con datos del Instituto Nacional de Estadística , que siete de cada diez personas sin hogar en España son de nacionalidad extranjera. «Los obstáculos que sufren las personas en situación de sin hogar no son hechos aislados, ni situaciones poco relevantes, sino que muestran un sistema público sanitario que restringe el acceso de estas personas a la salud de manera regular, hecho que determina una negación de la condición de ciudadano hacía estas personas, por un inadecuado acceso a este derecho humano», denuncia el informe.

Para Cáritas, la reforma supone «un cambio de modelo que afecta fundamentalmente a las personas más desprotegidas», tanto a ciudadanos españoles como a ciudadanos de la UE, «aumentando la estigmatización de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social». En este sentido, se refiere a los migrantes en situación irregular para denunciar que «su exclusión» del sistema sanitario «va a añadir un sufrimiento muy severo» a un colectivo ya vulnerable «que no puede ser sacrificado con el argumento de la eficiencia».

«En lugar de favorecer la articulación de una sociedad de acogida, integrada y diversa, estas medidas alimentan un discurso reduccionista y lleno de riesgos, según el cual las personas migrantes que conviven y forman parte de nuestras comunidades son los responsables del deterioro socioeconómico actual, en vez de considerarlas las primeras y principales víctimas del mismo, tal y como lo comprobamos a diario en nuestros servicios de acogida y atención», señala Cáritas.

La entidad analiza las dificultades particulares en el acceso de estas personas a los distintos niveles de atención médica y señala que, en general, afrontan tres problemas: la falta de recursos de atención para salud mental, la falta de plazas en recursos especializados y la falta de recursos post hospitalarios sumada a problemas de burocacia y de protocolos.

En el acceso a la atención primaria, la falta de tarjeta sanitaria es «el principal problema que encuentran las personas sin hogar en los centros de salud». Le siguen «la discriminación y estigmatización por parte de los profesionales» por la existencia de «prejuicios e insensibilidad ante las situaciones de sinhogarismo de las personas», conforme refirieron las diocesanas consultadas.

En cuanto a la atención especializada, la mayor dificultad que tienen las personas sin hogar para tener atención especializada son las listas de espera y, por lo que se refiere a la atención hospitalaria, el informe refiere el alta sin recurso alternativo de alojamiento y las listas de espera.

El informe apunta que «la violación de este derecho multiplica el impacto negativo» que sufren las personas que no tienen hogar «como consecuencia de sus enfermedades físicas y psíquicas no tratadas». «No existen protocolos de intervención integrales y coordinados ante la situación de sinhogarismo. Las listas de espera, falta de diagnóstico o su actualización; la burocratización, coste de medicamentos muy específicos conlleva que la situación ya de por sí inestable y completa de las personas sin hogar se cronifique y se intensifique», denuncia.