Fabra perfila otro modelo de televisión tras el cierre de Canal 9

Fuentes del Ejecutivo que preside Alberto Fabra explicaron ayer a ABC que el presidente valenciano ya ha dado órdenes para perfilar la puesta en marcha antes de que termine la legislatura de una televisión a través de una concesión administrativa (aunque queda por definir la fórmula) y que replicaría un modelo similar al puesto en marcha por Castilla y León , de capital cien por cien privado, que inició sus emisiones hace más de cuatro años y medio.

Fabra expuso esta posibilidad durante la reunión mantenida con su Gobierno el pasado martes en la que se acordó dar por finalizado el periplo de veinticuatro años de RTVV.

Un cierre «innegociable»

A pesar de la presión ejercida desde el comité de empresa -los trabajadores tomaron ayer literalmente la parrilla de la televisión valenciana- y de que la actual directora general de la empresa pública, Rosa Vidal , que ayer dimitió al no estar de acuerdo con el proceso de liquidación, el presidente de la Generalitat advirtió ayer de que la decisión « se ejecutará rápido » y resulta « innegociable ».

Una nueva televisión, como la de Castilla y LeónFabra es consciente del perjuicio en términos de imagen que supone decretar el primer cierre de una televisión autonómica en España, por lo que valora la posibilidad de crear una nueva sociedad que se ceñiría a dar cobertura informativa autonómica con un modelo de titularidad privada nutrido con subvenciones públicas y cuyas magnitudes estarían muy alejadas de las actuales.

Cuota de audiencia

De hecho, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de decretar la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a cerca de un millar de trabajadores, la situación de RTVV se tornó, en palabras de Fabra, «insostenible».

Con una deuda asumida por las arcas de la Generalitat superior a los 1.200 millones de euros , la readmisión de los despedidos habría supuesto un coste adicional de cuarenta millones al año para un plantilla cercana a los 1.800 efectivos .

RTVV comenzó el año con una audiencia media del ocho por ciento , de acuerdo con datos de Sofres. El martes, cuando se conoció la decisión del cierre adoptada por la Generalitat, marcó un 3,4 por ciento, por debajo de su registro en lo que llevamos de mes (4,1%). El programa de mayor audiencia (el informativo Notícies NOU) congregó al 4,9% de los espectadores.

Respaldo del Gobierno

El nuevo modelo nacerá libre de cargas financieras y con una nómina de trabajadores que quedaría lejos de las magnitudes en las que hasta ahora funcionaba la empresa, que tras la ejecución del ERE había quedado con setecientos trabajadores.

El paso dado por Fabra cuenta, además, con el aval del Gobierno. De hecho, transmitió su decisión de cerrar RTVV al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy , y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro . Ayer, el titular de Industria, J osé Manuel Soria , explicó que «estamos en un momento de restricción de recursos públicos en todos los ámbitos administrativos y si no hay recursos suficientes para todo, hay que priorizar y me parece muy bien la prioridad de Fabra».

En este sentido, el presidente de la Generalitat ha antepuesto que la «línea roja de mi Gobierno pasa por mantener los servicios básicos como la educación, la sanidad y los servicios sociales». El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que hace dos años el presupuesto de RTVV ascendía a 183 millones de euros. Para el próximo ejercicio, una vez ejecutado el ERE, estaba previsto reducir el gasto a la tercera parte.

Ahora, tras la sentencia que anula el ERE y, por consiguiente, deja sin efecto la planificación prevista por la Generalitat, el Gobierno valenciano asumirá el coste de liquidar RTVV, que supondrá poco más de sesenta millones (el equivalente a su presupuesto para el próximo año).

Fabra insistió en que «no cerraré ningún colegio ni ningún hospital para mantener la televisión pública» y advirtió de que seguirá reivindicando ante el Gobierno un nuevo modelo de financiación autonómica que «permita cubrir los servicios básicos », que marcó como su « línea roja »