La energía nuclear recupera el pulso

En Europa, Italia sí decidió abolir su programa nuclear en un referéndum cuádruple en 2011, mientras que Alemania anunció el apagón de sus reactores, pero al estilo Merkel: antes de las elecciones y con el horizonte de 2022. En Bélgica, otro país que se plantea abandonar la senda nuclear, la propia ley de 2003 que establece los plazos de cierre de sus centrales para 2025 se ha cubierto en salud con un Real Decreto en el que se contempla la posibilidad de que las centrales operen más allá de los 40 años por si no se puede garantizar la estabilidad de la red eléctrica.

Así las cosas, a fecha de 31 de diciembre de 2012, en 14 de los 28 Estados de la UE hay centrales nucleares en operación, con un total de 132 reactores en funcionamiento, lo que supone una tercera parte del total de la electricidad consumida en el conjunto de la Unión.

Fuera de la Unión, pero en el corazón de Europa, Suiza, que produce el 40 por ciento de su energía gracias a las centrales nucleares, decidió en 2011 no construir más instalaciones de este tipo pero prolongando igualmente la vida útil de las existentes, en su caso hasta los cincuenta años, en previsión de dificultades en su transición energética.

En los países emergentes, con una demanda imparable de energía, la situación es en general bien diferente. Del grupo de los BRIC, China, India y Rusia estaban construyendo el pasado año medio centenar de reactores nucleares, la mitad de ellos en el gigante asiático, y solo Brasil, que ya contaba con dos y tiene un tercero en construcción, duda si licitar cuatro más. La vecina Bolivia lo tiene más claro y su presidente, habitualmente volcado en los derechos de la «Pachamama», anunciaba que su país «reunía todas las condiciones» para iniciar la producción de energía nuclear, aprovechando la ocasión para, curiosamente, cargar contra el «fundamentalismo ecologista» y las ONG que «se oponen a todo, no dejan trabajar, no dejan explotar, no dejan industrializar, menos que hagamos plantas hidroeléctricas».

En nuestro país, el efecto Fukushima ha llegado en forma de revisión de los estándares de seguridad. Y como en el resto de la UE, los «stress test» realizados aquí por el Consejo de Seguridad Nuclear, el organismo español competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, se han saldado con un balance muy positivo para las centrales. No solo no se identificó ninguna deficiencia en su seguridad que requiriese de la adopción urgente de actuaciones sino que se comprobó que los márgenes de su seguridad van más allá de los supuestos considerados en el diseño. Ni los riesgos sísmicos, ni la rotura de presas, ni las posibles situaciones de pérdida de funciones de soporte previstas por los técnicos del CSN han hecho mella en las centrales españolas, mucho más sensibles a los cambiantes planes energéticos de los Gobiernos de turno y a la caída del consumo energético que a las cuestiones de estricta seguridad.

Y es que aunque desde la liberalización energética, las empresas son libres de producir la electricidad como deseen, cuestión distinta es que a las operadoras les salgan las cuentas con la fiscalidad que deben afrontar en un escenario en el que la oferta duplica a la demanda. Ahí está el caso de Santa María de Garoña, la única central española que superaba los 40 años de vida y que a día de hoy se encuentra en parada y a la espera de tomar una decisión definitiva sobre el cese de su actividad aunque el CSN se mostrase favorable al prolongamiento de sus operaciones. Lo que no ha podido el paso del tiempo, están a punto de conseguirlo los números.

Esa falta de un marco regulatorio realmente estable en nuestro país ha provocado que en el pasado se cancelasen proyectos ya en marcha, como los de Lemóniz, Valdecaballeros y Trillo II, suspendidos en 1984, y por los que en 2012 se pagaron 53,3 millones de euros con cargo a la tarifa eléctrica, dejando el importe pendiente de compensación en 317 millones de euros. Pero pese a las indemnizaciones recibidas, el Foro Nuclear –agrupación que aglutina a las industrias españolas del sector– lo que desea y reclama es un pacto político que ofrezca «estabilidad y seguridad a los inversores, a la vez que un horizonte dilatado en el tiempo para desarrollar su actividad». Fukushima ya hizo suficiente daño.